En España, muchos autónomos y pequeños negocios especializados en obras menores vienen pidiendo una fiscalidad que distinga para el cliente entre quienes acometen una gran construcción y quienes simplemente sustituyen una caldera o reforman el sistema térmico de una vivienda.
Ahora, el sector ha alzado la voz para pedir que la leyes se actualicen y permitan a los ayuntamientos ofrecer más incentivos fiscales a quienes apuestan por instalaciones más sostenibles. La patronal, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) aclaró a este diario que el objetivo no es que el instalador reciba directamente el beneficio fiscal, sino que sea su cliente, es decir, el ciudadano medio, quien, al tener acceso a una deducción relevante, vea reducida la inversión necesaria y esté más predispuesto a acometer la obra.
De este modo, el profesional puede usar esa ventaja como argumento comercial y dinamizar su actividad; en una coyuntura en la que muchos pequeños negocios de instalaciones buscan cómo adaptarse a las nuevas exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad, y podrían podría interesarles entrar en el negocio.
La medida redundaría favorablemente en cerca de 20.000 negocios, la mayoría en manos de autónomos: instaladores de calefacción y fontanería tradicionales, que cambian calderas, circuitos de agua caliente y climatización; en técnicos de aire acondicionado, especialmente los que trabajan con bombas de calor; en instaladores eléctricos, que podrían ampliar su actividad hacia soluciones híbridas de autoconsumo; e incluso en pequeños negocios de reformas integrales y rehabilitación energética.
La patronal del sector pide ampliar lo que ya funciona con la energía solar a otras tecnologías limpias
Se habla de instaladores de calefacción y fontanería tradicionales, que ya están familiarizados con calderas, circuitos de agua caliente y climatización; de técnicos de aire acondicionado, especialmente los que trabajan con bombas de calor; de instaladores eléctricos, que podrían ampliar su actividad hacia soluciones híbridas de autoconsumo; e incluso de pequeños negocios de reformas integrales y rehabilitación energética, que verían una oportunidad de negocio al ofrecer instalaciones más eficientes dentro de paquetes de mejora global del edificaciones. Es decir, cerca de 20.000 negocios instaladores, la inmensa mayoría micropymes y autónomos, que emplean a más de 175.000 profesionales.
La Ley de Haciendas Locales, sin embargo, sólo permite hoy aplicar este tipo de bonificaciones fiscales a instalaciones solares o puntos de recarga para vehículos eléctricos. Por eso, Agremia ha solicitado al Gobierno su modificación, con el fin de que los ayuntamientos puedan extender estos beneficios también a otras tecnologías renovables, como la aerotermia, la geotermia o los gases renovables. “Contemplar bonificaciones sólo para un determinado tipo de instalaciones, y no para otras, implica un trato discriminatorio y contrario a la lógica”, señaló a este medio Miguel Angel Sagredo, director del Área Jurídica de la patronal.
“Lo que pedimos es sencillamente ampliar lo que ya funciona con la energía solar a otras tecnologías limpias que también contribuyen a la descarbonización”. Aunque el ahorro es para el titular de la instalación, el efecto para los instaladores sería inmediato: más clientes interesados, menos obstáculos para presupuestar y más obras cerradas en un mercado cada vez más sensible al coste final.
De hecho, a día de hoy, muchas corporaciones locales estarían dispuestas a incentivar ese tipo de inversiones, pero la ley estatal no les da margen. “Aunque los ayuntamientos quieran, no pueden extender las bonificaciones existentes a otro tipo de instalaciones”, insistió Miguel Ángel Sagredo. El texto actual, en vigor desde 2004, permite bonificaciones del IBI únicamente para inmuebles que instalen sistemas solares o puntos de recarga eléctrica. “La modificación que proponemos sería sencilla: bastaría con mencionar otro tipo de equipos junto a los mencionados”.
La perspectiva de los autónomos instaladores es que esta diferencia legal se traduce en un freno a la hora de cerrar presupuestos. “En muchas ocasiones, las empresas instaladoras deben realizar una importante labor pedagógica con los clientes para demostrar la rentabilidad de estas inversiones”, afirmó Miguel Ángel Sagredo. “Si pudiéramos informar de que hay también una bonificación fiscal en el IBI, el cliente tendría más argumentos para decidirse”.
Los inspectores de las Haciendas Locales consideran el cambio viable y hasta deseable
Hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid contempla una bonificación del 50% del IBI para quienes instalen sistemas solares, pero no para quienes opten por tecnologías como la aerotermia o la geotermia, aunque sean más eficientes que las que sustituyen.
En la Asociación Nacional de Inspectores de Haciendas Públicas Locales, Juan Ignacio Gomar confirmó a este diario que esta modificación legal sería posible. “Sería viable una reforma de este precepto que diferenciara las obras según su naturaleza”. A su juicio, no se trata de cambiar el trato en función del tamaño de la obra o del volumen económico, sino de reconocer el valor de ciertas instalaciones básicas y necesarias.
“Reducir la carga fiscal de las necesarias y básicas para el correcto mantenimiento de inmuebles, automóviles y demás bienes sería muy razonable”, afirmó Juan Ignacio Gomar. “Estos cambios favorecerían a los autónomos y pequeños negocios, que son normalmente a quienes acudimos los ciudadanos para afrontarlas”.
Actualmente, la ley ofrece pocas opciones para bonificar el IBI o el ICIO, según el perfil del profesional que realiza la obra, pero sí en función del tipo de instalación. “La legislación no establece un trato fiscal más favorable en el ICIO para autónomos y pequeñas empresas”, aclaró Juan Ignacio Gomar. “Sin embargo, cierto tipo de obras, precisamente muchas de las que normalmente afrontan los autónomos, debieran tributar, dada su naturaleza, de forma menos onerosa”. En su opinión, permitir esa diferenciación sería coherente con el principio de equidad, sin vulnerar el marco de libre competencia.
También respecto al IBI, Gomar consideró que el margen actual de los ayuntamientos es amplio, pero solo dentro de los supuestos que autoriza la ley. “Son bonificaciones potestativas; por tanto, el ayuntamiento decide si la establece y su cuantía, con ese límite”, explicó. “Donde no está prevista la bonificación en la ley, como en el caso de la aerotermia, los ayuntamientos carecen de margen ahora mismo”.
Y añadió que la posibilidad de extender las bonificaciones “a estas otras tecnologías renovables sería muy deseable”, ya que, en su opinión, “iría en la línea de las políticas públicas dirigidas a la descarbonización de la economía y la mejora energética”.
Permitir la bonificación en el IBI facilitaría renovar miles de sistemas térmicos antiguos
Para Agremia, el impacto económico sería inmediato. “Permitir la bonificación en el IBI a estas instalaciones facilitaría renovar miles de sistemas térmicos antiguos en edificios residenciales”, apuntó su director jurídico. Para quien muchos clientes descartan ese tipo de obras por el coste inicial o por desconocimiento de las ayudas disponibles. “Que una inversión se recupere en ocho años o en cinco puede inclinar la balanza entre ejecutar o no una reforma”.
La medida también se alinea con las metas municipales de sostenibilidad. La patronal destacó que muchos consistorios ya han adaptado sus ordenanzas para aplicar las bonificaciones que sí permite la ley, y están a la espera de que se amplíen los supuestos legales. “La mayor parte de las corporaciones municipales están deseando que se amplíen los supuestos previstos, en línea con lo que estamos solicitando”. Pues, según Sagredo, “los ayuntamientos ven en esta propuesta una oportunidad para mejorar la eficiencia energética de sus edificios, reducir las emisiones y fomentar la habitabilidad de sus barrios”.
Desde el punto de vista técnico, no habría grandes complicaciones para aplicar esta medida. “Bastaría con que los sistemas instalados dispusieran de las homologaciones de la administración competente, normalmente la autonómica”, explicó Gomar. Así se prevé ya en la ley para las bonificaciones que están actualmente en vigor, por lo que bastaría con replicar el mecanismo. La seguridad jurídica, por tanto, estaría garantizada, y los ayuntamientos seguirían teniendo la capacidad de decidir su aplicación en función de sus prioridades locales.
La aerotermia, al igual que la geotermia o los gases renovables, son tecnologías consideradas limpias, al no depender de fuentes fósiles y emitir menos contaminantes. Cada vez se usan más en edificios de nueva construcción o en rehabilitación, especialmente para calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Requieren una instalación profesional, homologación técnica y una inversión inicial que puede superar los 5.000 euros; aunque con un consumo energético menor y menos mantenimiento. En este contexto, una bonificación fiscal puede marcar la diferencia entre decidirse o no por una solución sostenible.
