El Tribunal Supremo ha admitido a trámite tres recursos con una peculiaridad: en ellos cuestiona la neutralidad de los informes periciales de Hacienda cuando se aportan en un procedimiento judicial. De hecho, ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir si esos documentos tienen el mismo valor que una pericial independiente; lo que puede marcar un antes y un después en la relación entre los autónomos y el resto de contribuyentes con la Agencia Tributaria.
Hasta ahora, los jueces daban gran valor a los informes de la AEAT, elaborados por sus propios funcionarios, lo que situaba al contribuyente en desventaja. Si un autónomo quería rebatirlos, debía costear un perito privado, con gastos que podían superar los 20.000 euros, sin posibilidad de recuperar ese dinero aunque ganara.
La futura doctrina del Supremo podría cambiar estas reglas y reconocer esos informes como pruebas «de parte». Eso daría más equilibrio a los procesos y reforzaría las garantías de los pequeños negocios frente a la Administración.
Los jueces reconocen a Hacienda como parte interesada en los litigios frente a los negocios
Los autos, fechados el 5 y 12 de marzo y el 28 de mayo, tienen como ponente al magistrado Rafael Toledano Cantero. Y en ellos, el magistrado señala que no cabe otorgar el mismo peso probatorio a estos informes cuando la Administración es parte interesada, dado que su independencia es discutible. Una hipotética decisión final del Supremo fijará doctrina y servirá de referencia en futuros litigios fiscales.
El tribunal ha aclarado que no se pronunciará sobre las actas de inspección, que son habituales en los procedimientos de comprobación, sino sobre los informes técnicos que Hacienda presenta para justificar su actuación cuando existe un conflicto con el contribuyente. El debate está en si deben tener el valor de una pericial independiente o si, por el contrario, hay que considerarlos simples informes de parte.
Albert Sagués, socio responsable de Fiscal en RSM y con amplia experiencia como perito judicial, sostiene que la clave está en la distinción entre los distintos tipos de peritos que intervienen en los procesos. “En la jurisdicción civil lo que tenemos son peritos de parte (…) y luego tenemos lo que llamamos los peritos judiciales”, explicó a este diario el experto, para quien los funcionarios de Hacienda no pueden colocarse en el segundo grupo.
Los jueces reconocen que los peritos de Hacienda no son «neutrales»
Sagués recuerda que un funcionario que emite un informe dentro de un procedimiento fiscal no hace más que ratificar lo que la propia Agencia Tributaria ya ha concluido. “En el caso que nos ocupa, cuando hablamos de los peritos de Hacienda, no dejan de ser funcionarios que ratifican lo que ya ha dictaminado el organismo”, indicó. Por eso cree que es acertada la reflexión del Supremo al poner en duda su imparcialidad.
El fiscalista apunta además que la práctica habitual confirma esa lógica. “Si Hacienda lo que hace es aportar un perito que hace un informe, es ‘de parte’ y, por lo tanto, ahí poca cosa cabe añadir”, señaló Sagués. A su juicio, los jueces han dado un paso importante al reconocerlo. “Creo que ha sido un gran paso y es un gran comienzo. Los jueces han de ser valientes y llamar a las cosas por su nombre”.
En la práctica, la diferencia entre considerar un informe como pericial o como un simple alegato puede ser decisiva para el contribuyente. Si el juez otorga más valor al dictamen de Hacienda por el hecho de estar elaborado por funcionarios, el ciudadano que discute una liquidación se encuentra en clara desventaja. La admisión de estos recursos busca precisamente aclarar si debe seguir siendo así.
Este fiscalista subraya que lo relevante es que los jueces hayan reconocido ya, de forma expresa, que se trata de un perito de parte. “Raro sería que un perito de la propia Hacienda contradijera lo que ha hecho la Agencia Tributaria”, comentó. Para él, este reconocimiento abre un nuevo escenario en el que el contribuyente puede defender con más argumentos la necesidad de pruebas independientes.
El problema de las costas y la indefensión de los contribuyentes
Más allá del debate sobre la neutralidad de los peritos, Sagués pone el foco en el problema de los costes que asumen los contribuyentes. Según explica, Hacienda dispone de funcionarios peritos que pagamos entre todos, mientras que un autónomo debe costear de su bolsillo un informe técnico si quiere rebatir a la Administración. “El funcionario público, el perito, lo pagamos todos; pero el de parte del contribuyente lo tiene que abonar el autónomo”.
Este desequilibrio se traduce en una sensación de indefensión para muchos afectados. El propio Sagués lo ilustra con cifras. “Si gano el procedimiento, el perito me ha costado 30.000 euros que nadie me devuelve”. A su juicio, esta situación es doblemente gravosa porque, incluso en los casos en que el contribuyente logra que se le dé la razón, el gasto del perito no se compensa.
En los procedimientos contencioso-administrativos es frecuente que, aunque la sentencia sea favorable al contribuyente, no haya condena en costas a la Administración. Eso significa que el gasto en abogados y peritos corre siempre a cargo del contribuyente. Para un autónomo o una pyme, este desembolso puede ser inasumible y, en muchos casos, disuade de acudir a los tribunales para discutir con Hacienda.
El fiscalista señala que la contratación de un perito experto en materia tributaria es especialmente costosa, ya que se trata de asuntos complejos que requieren alta especialización. “Una pericial es cara y, normalmente, si hablamos de tema tributario y son aspectos complejos, el perito tiene que ser un buen experto fiscal”, explicó. En muchos casos, ese coste hace que los contribuyentes renuncien a defenderse en igualdad de condiciones.
Posibles soluciones: peritos independientes y resarcimiento de gastos
Sagués cree que el debate abierto por el Supremo debería aprovecharse para plantear soluciones más amplias. Una de ellas sería reconocer expresamente que los peritos de Hacienda son de parte y no pueden presentarse como imparciales. Otra, modificar el régimen de costas para que, cuando el contribuyente gane, se le devuelvan los gastos de defensa.
El fiscalista también plantea la necesidad de incorporar un tercer actor que aporte objetividad al proceso. “Tendríamos el perito de Hacienda, que es de parte, el perito del contribuyente, que es de parte y que el juez pudiera designar a un tercer perito, que podrían ser expertos en fiscalía, académicos, etcétera, que pueden dar la opinión independiente”, propone. Esa vía permitiría equilibrar fuerzas y evitar la sensación de desventaja.
Esta fórmula, ya conocida en otros ámbitos judiciales, permitiría equilibrar fuerzas y evitar la sensación de que el contribuyente siempre juega en desventaja. Se trataría de un perito designado por el juzgado, con independencia de las partes, que emitiera un dictamen sin vínculo con la Agencia Tributaria ni con el ciudadano afectado.
El reconocimiento de que los informes de Hacienda son periciales de parte no resolvería por sí solo el problema de fondo. Para Sagués, lo importante es dar pasos adicionales que garanticen la igualdad de armas en los procesos judiciales contra la Administración. Eso pasa por revisar el sistema de costas y permitir que los contribuyentes no carguen solos con el coste de su defensa.
