La pasada semana se dieron cita en Lleida los profesionales de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), donde se celebró su congreso nacional y se debatieron todas las novedades laborales de los últimos y próximos meses. Especialmente, la reducción de jornada que el Gobierno pretende imponer a partir del próximo año.
Sobre este asunto, el catedrático de la Universidad de Barcelona Jordi García Viña afirmó que “carece de base científica y supone un reto significativo para las relaciones laborales.” Por su parte, la catedrática Yolanda Valdeolivas consideró que “la reducción del tiempo de trabajo representa ahora un debate contaminado y politizado que seguramente entorpece el análisis de una cuestión con múltiples implicaciones para trabajadores y empresa”.
Para los abogados, la reducción del tiempo de trabajo se debería discutir en el ámbito de la negociación colectiva. “Necesitamos de leyes dispositivas que, sin perjuicio de imponer mínimos cuya ausencia arriesgue el imprescindible equilibrio de las partes, deje mayor espacio a la negociación colectiva, más cercana a las necesidades y especificidades de empresas y personas trabajadoras”, valoró en este sentido Yolanda Valdeolivas.
El Tribunal Supremo decidirá si España debe modificar la indemnización por despido
En relación con el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya repasó este diario, donde se cuestiona el tope de 24 mensualidades en la indemnización por despido improcedente en España, Jesús Lahera Forteza, vocal de ASNALA y catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, aclaró que dichas decisiones no son vinculantes.
En este sentido, “el artículo 24 de la Carta Social Europea no es directamente aplicable y los jueces españoles deben seguir aplicando la normativa nacional vigente, sin poder sustentar sus decisiones en este fallo”, aclaró Lahera.
Sin embargo, también resaltó la creciente divergencia en las sentencias de algunos tribunales superiores, como los de País Vasco y Cataluña, que han otorgado indemnizaciones adicionales en casos de despido. En este sentido, el catedrático advirtió que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse pronto para unificar doctrina y esclarecer si el artículo 24 de la Carta Social Europea es directamente aplicable en España y cómo se debe interpretar en relación con las normas nacionales.
