No es todavía una decisión formal, pero ya ha encendido todas las alarmas. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la empresa pública que gestiona los sorteos oficiales, ha trasladado a las principales asociaciones de loteros su intención de centralizar toda la venta por internet en una única plataforma digital, gestionada directamente desde el Estado.
Y aunque no se ha hecho público aún ningún cambio normativo, los autónomos que regentan puntos de venta lo interpretan como un intento de expropiación del canal online, que podría tener consecuencias catastróficas para su actividad.
La venta por Internet es el único salvavidas de muchas administraciones rurales
La Asociación para la Defensa Digital de las Administraciones de Lotería (Dedit), que representa a más de 800 puntos de venta integrales –de hecho, la quinta parte de la red estatal–, ha entregado ya 652 firmas de administraciones que exigen frenar el plan. Otras agrupaciones, como Anapal (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería) o Loteros en Lucha, se han sumado al rechazo, alertando de que entre 800 y 1.000 oficinas podrían desaparecer si pierden el acceso directo a internet.
En especial en entornos rurales donde la digitalización es el único salvavidas. “Muchas de estas administraciones han encontrado en la venta mediante el canal online una vía para asegurar su viabilidad, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y sostener sus negocios”, advirtió a este diario Jon Urkiola, presidente de Dedit.
A día de hoy, no se ha iniciado ningún procedimiento formal, pero la inquietud va en aumento. “Lo que existe es una creciente preocupación dentro del sector, alimentada por la falta de información y por algunos indicios que apuntan a que se quiere imponer un canal único de venta online a través de la web oficial de SELAE”, denunció Urkiola. Las comunicaciones se han producido, según explica, “de manera informal y sin transparencia”, y esa opacidad “está generando una inseguridad jurídica insostenible” para los más de 4.000 puntos de venta en activo.
Internet representa ya una quinta parte de las ventas de muchos loteros
La venta online representa actualmente entre un 10% y un 30% de la facturación de las administraciones de lotería, dependiendo del tipo de punto de venta y su localización. En total, el canal digital genera entre 1.000 y 1.200 millones de euros anuales, según cálculos del sector. Aun así, la actividad carece de una regulación específica, lo que deja a las administraciones en una situación jurídica frágil: necesitan autorización expresa de SELAE, pero no existe normativa clara ni criterios homogéneos para concederla.
Desde Dedit reclaman una solución negociada. “Llevamos más de 20 años vendiendo online sin una regulación específica y no podemos seguir en esta incertidumbre”, insistió Urkiola. Por eso, las tres grandes asociaciones del sector han propuesto crear una comisión conjunta con la Dirección General de Ordenación del Juego y con SELAE. Pero la propuesta ha sido rechazada, al menos hasta el momento. “El presidente de Loterías volvió a desoír esta petición recientemente”.
El impacto económico sobre los pequeños puntos de venta sería devastador si el plan avanza. “De imponerse un canal único, muchas verían anuladas sus posibilidades de adaptación al mercado digital, lo que en muchos casos podría derivar en cierres”, afirmó Urkiola. “Hablamos de negocios familiares, gestionados por autónomos, que cumplen una función económica y social imprescindible en su entorno”.
A ello se suma el agravio económico para quienes ya han invertido en plataformas propias. “Muchas administraciones han hecho un esfuerzo titánico por adaptarse, invirtiendo en herramientas tecnológicas y plataformas digitales que llevan años funcionando”, aclaró Urkiola. “Es un golpe a la seguridad jurídica y una falta de respeto hacia quienes han sido los verdaderos motores de la transformación digital del sector”, sostuvo. “Esta falta de una regulación clara y estable está poniendo en riesgo el futuro de nuestras familias”.
El organismo público se parapeta en que evitaría riesgos como la venta a menores
Uno de los argumentos que esgrime SELAE para defender la centralización es que un canal único permitiría evitar riesgos como la venta a menores. Las asociaciones lo consideran una excusa sin fundamento. “Estamos totalmente a favor del control y la prevención de la venta a menores, son objetivos que compartimos plenamente. Pero eso no justifica excluir a todo un colectivo profesional de la venta online”, afirmó Urkiola. “Las plataformas tecnológicas con las que trabajamos ya disponen de sistemas de verificación de edad, identificación del usuario y trazabilidad de las operaciones”, asegura.
Por eso, desde Dedit piden un sistema de autorizaciones y estándares técnicos, no un modelo único y excluyente. “Lo que proponemos es que se otorgue una autorización expresa a los canales y plataformas que están funcionando y que han demostrado su solvencia tecnológica”, subraya el presidente de la asociación. “Hay alternativas eficaces, pero hace falta voluntad de dialogar y regular, no imponer”, insistió.
También se oponen a que las comisiones que perciban en caso de una integración obligatoria sean fijadas de forma unilateral. “No queremos que se nos imponga una solución digital única. Queremos que se reconozca y regule lo que ya existe, y que se nos permita competir tecnológicamente”.
A la Dirección General de Ordenación del Juego, le piden que regule “de una vez por todas” la comercialización online a través de las plataformas ya existentes. A SELAE, que acepte el diálogo y la búsqueda de una fórmula equilibrada. “Desde Dedit estamos abiertos a una solución mixta siempre que respete el papel de las administraciones y garantice su capacidad de competir digitalmente”, concluyó Urkiola. Lo que rechazan, dice, es que “se nos imponga unilateralmente un modelo y se nos excluya del futuro del sector”.
En su opinión, la solución pasa por “reglas justas, no por imposiciones unilaterales”. Una regulación que aporte certidumbre a un sector que lleva dos décadas esperando y que respete el papel de las administraciones como actores legítimos del ecosistema digital.
