Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, a primero de este año, se exige un intento de negociación antes de presentar una demanda civil o mercantil. Es lo que se conoce como Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), un paso previo obligatorio que estaría retrasando el acceso al juzgado, encareciendo las reclamaciones, dificultando procedimientos básicos e incluso impidiendo que autónomos y pequeños negocios puedan demandar por impagos o incumplimientos con la rapidez necesaria, según las expertas consultadas.
Además, la implantación del MASC estaría generando malestar entre abogados y jueces, que advierten de retrasos significativos; cuando la ley pretendía justo lo contrario: desatascar los juzgados. La falta de criterios uniformes entre juzgados crea un escenario incierto para reclamar incluso cantidades pequeñas. Y la situación ha llegado a tal punto que el Congreso ha pedido al Gobierno revisar la ley para ampliar excepciones y unificar criterios en todo el territorio.
Las dos letradas consultadas por este diario coinciden en que el MASC está siendo utilizado de forma estratégica por morosos y partes incumplidoras. Y esto, para muchos autónomos, implica semanas añadidas antes de poder demandar y un coste adicional injustificado en procedimientos que deberían ser ágiles.
- La falta de criterios comunes está complicando las reclamaciones
- Según las expertas consultadas, el trámite previo se está usando para ralentizar los procedimientos
- La negociación de buena fe se interpreta de forma distinta según el territorio
- El sistema afecta especialmente a reclamaciones por facturas impagadas
- El MASC perjudica especialmente a los socios minoritarios en conflictos societarios
- La reforma de la ley es ya una necesidad evidente
Con la nueva Ley se están frenando demandas legítimas por pequeños errores
La complejidad del sistema ha llevado a Cristina de Santiago, socia directora de ACT Legal – Spain, a advertir de que muchos juzgados “adoptaron una interpretación muy rígida del requisito y comenzaron inadmitiendo demandas por defectos formales mínimos”. Y recuerda que esta severidad “resultaba distinta en cada partido judicial y, sin duda, contrario al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva”. Para muchos pequeños negocios, esto añade riesgos procesales que antes no existían.
Por su parte, Paloma Barandiarán Gil, socia directora jurídica de GSG Legal Hub y fundadora de Citylaw, considera que la inseguridad jurídica “que ha generado la regulación de los MASC es muy elevada”. Subraya que “la justicia no es igual para todos, porque no existe un marco homogéneo a nivel nacional sobre cómo acreditar el cumplimiento del requisito”. Esta falta de uniformidad crea una barrera de entrada injusta para los autónomos.
La situación se agrava cuando cada juzgado exige documentación distinta. De Santiago señala que esto “obliga a las empresas a ‘sobredocumentar’ cada comunicación para evitar inadmisiones”. Y añade que esta carga supone un esfuerzo adicional injustificado en la fase previa.
Barandiarán Gil insistió en que el resultado depende del territorio y que “el mismo intento de negociación puede ser válido en un sitio e insuficiente en otro”. Esta disparidad deja al acreedor a merced del juzgado que le corresponda.
Según las expertas consultadas, el trámite previo se está usando para ralentizar los procedimientos
Una de las maniobras más frecuentes es retrasar la respuesta al límite. Barandiarán Gil describe que “es muy habitual que el deudor responda el día 29 de 30 con una contestación deliberadamente ambigua”. Y, claro, estas respuestas introducen dudas que alargan innecesariamente la fase previa.
Otra táctica recurrente consiste en cuestionar la representación. La experta señala que frases como “no me acredita usted su representación” buscan ralentizar el avance. Cada aclaración abre nuevos plazos que retrasan el procedimiento incluso en deudas claras.
El problema aumenta cuando grandes empresas utilizan departamentos internos para responder estos requerimientos. Según Barandiarán Gil, algunos escritos estándar “boicotean la finalidad del MASC y consiguen retrasar el pleito de forma sistemática”. Esto convierte el trámite en una herramienta para ganar tiempo.
De Santiago recuerda que en muchos casos “lo que falta no es voluntad de negociar, sino voluntad de pagar”. El MASC “sí introduce costes y más dilación”, lo que perjudica a quienes necesitan cobrar para mantener liquidez.
La negociación de buena fe se interpreta de forma distinta según el territorio
Determinar si se ha cumplido la negociación de buena fe es uno de los puntos más controvertidos. Barandiarán Gil explica que “hay juzgados que piden un historial detallado de intercambios, plazos, propuestas y contraofertas”. Otros aceptan intercambios mínimos, lo que crea criterios dispares para un mismo trámite.
El medio utilizado también genera dudas. Algunas audiencias “han rechazado intentos de MASC por defectos formales en portales digitales”, mientras otras aceptan esos mismos intentos con una declaración responsable. Esto provoca más trabajo legal sin valor real.
De Santiago apunta que esta falta de reglas claras mantiene a las empresas en “una especie de zona gris permanente”. El profesional debe preparar todo con extremo detalle, lo que supone un incremento de costes y tiempo.
“Se multiplican filtros, requisitos previos, formalismos y riesgos de inadmisión”, resume Barandiarán Gil, quien considera que el diseño “penaliza a quien cumple y favorece a quien incumple”, y deja al pequeño negocio en desventaja inicial.
El sistema afecta especialmente a reclamaciones por facturas impagadas
Barandiarán Gil explica que “el cliente que ya viene ahogado por una factura impagada sabe que, antes de demandar, va a perder aproximadamente 30 días en una fase previa que no aporta nada”. Para autónomos con tesorería ajustada, este mes supone un perjuicio económico significativo.
La letrada defiende la oferta vinculante: “la clave de la oferta vinculante es que es tómala o déjala”. Recuerda que, si el deudor no contesta, el acreedor “ha cumplido el requisito del MASC y el riesgo de inadmisión es muy bajo”. Esto evita que el deudor “contraoferté indefinidamente sin salir del marco del MASC establecido”, reduciendo mucha incertidumbre previa.
“Ahora, las cartas son más largas y hay más riesgo de que le pueda parecer al juzgado que no ha habido voluntad de negociación”, añade De Santiago. La situación se complica cuando “lo que falta es voluntad de pagar por parte del deudor”. Lo que deja al acreedor en una posición difícil desde el inicio.
Barandiarán Gil resume que el MASC “no deja de ser un peaje” que añade tiempo y costes a procedimientos sencillos. Considera que la norma incentiva el incumplimiento oportunista porque retrasa la consecuencia judicial del impago.
Los cambios perjudican más a los socios minoritarios en conflictos de empresas
En el ámbito societario, De Santiago afirma que “no hay incentivos reales para que la mayoría entre en una negociación previa”, por lo que repetir un diálogo agotado solo “retrasa la acción judicial efectiva”. Esta demora compromete la protección de derechos de minoría.
Las medidas cautelares también se ven afectadas. Barandiarán Gil advierte que “el MASC ha introducido un riesgo altísimo de ineficacia de las medidas cautelares de suspensión de acuerdos sociales”. Mientras la minoría cumple el trámite, la mayoría puede “ejecutar decisiones de forma rápida”, dejando a la parte débil sin capacidad de reacción inmediata.
Ambas expertas coinciden en que el impacto es desigual. Barandiarán Gil señala que, cuando la minoría llega al juzgado, “el daño muchas veces ya está hecho”. Esto impide frenar decisiones potencialmente lesivas.
Y según De Santiago, el MASC “solo introduce una capa adicional de ineficiencia” y acaba convirtiéndose “en un trámite sin contenido real”, generando un retraso que perjudica a la minoría.
Los expertos creen que reformar la Ley es «una necesidad evidente»
De Santiago recuerda que añadir trámites no resolverá el problema porque “una sentencia puede tardar años”. La abogada considera que el cuello de botella real es la lentitud judicial, lo que transforma cualquier filtro previo en un obstáculo aún mayor para reclamaciones legítimas.
Y Barandiarán Gil concluye que la mejor reforma sería “suprimir el MASC como requisito obligatorio de procedibilidad”. Si se mantiene, explica, debería ampliarse el número de excepciones, unificar criterios y simplificar el sistema para proteger a autónomos y pequeñas empresas.
