La decisión del Ministerio de Transportes de permitir que embarcaciones de uso exclusivamente privado, matriculadas en la conocida como lista séptima, puedan alquilarse hasta tres meses al año, ha desatado la alarma en el mundo náutico balear y en otros puntos de las costas españolas. En especial, entre los autónomos y los pequeños negocios del sector.
Según denuncian los profesionales afectados, desde el 23 de julio, esta medida posibilitará a particulares explotar económicamente sus barcos sin cumplir los mismos requisitos, ni asumir los mismos costes que las empresas de chárter profesional. El decreto debía entrar en vigor el 15 de agosto pero una resolución de la Dirección General de la Marina Mercante ha adelantado y ya permite «presentar la solicitud de cambio temporal de uso [del buque o embarcación] en la sede electrónica asociada del Ministerio de Transportes».
Pedro Francisco Gil, presidente de la Asociación de Empresas de Chárter Náutico de Baleares (Aecib), aseguró a este medio que esta disposición “reintroducirá el caos en nuestras costas justo cuando estamos ordenando el sector. Es una medida que genera competencia desleal, fomenta el intrusismo y pone en peligro la seguridad y el medio ambiente”.
- Los profesionales temen un ‘tsunami’ que perjudicará a los autónomos
- Un problema que afecta especialmente a los autónomos del sector náutico
- Fondeaderos saturados y ecosistemas en peligro
- Los profesionales piden reglas claras para poner orden en el mar
Los profesionales temen un ‘tsunami’ que perjudicará a los autónomos
La medida llega en un momento delicado. Las reservas de chárter en 2025 han bajado un 22% respecto a 2024, que ya fue «un año flojo», según indicaron fuentes del sector.
“Hay más de 3.400 barcos de chárter en Mallorca. No necesitamos más. Esto es un tsunami”, denunció José María Jiménez, presidente de la Comisión de Charter de Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM).
Jiménez apuntó directamente a los responsables políticos en Madrid sobre una norma “redactada desde un despacho con aire acondicionado por gente que jamás ha navegado. En Baleares estamos saturados, y ahora quieren añadir miles de embarcaciones sin regulación, sin control, sin experiencia. Nos están condenando”.
Las empresas profesionales, recordó, invierten en repuestos, tripulación, formación, seguros, equipos de seguridad y cumplimiento normativo. “Un particular no cuenta con estas garantías. Si se rompe el barco, cancela el viaje y se queda tan tranquilo. Nosotros no podemos permitirnos eso. No podemos competir con esa irresponsabilidad”.
Por su parte el presidente de Aecib insistió en que ya existe una vía legal para dedicarse al alquiler si “lo matriculas en lista sexta y cumples con todos los requisitos. No necesitas una lista séptima ‘mixta’ que mezcle churras con merinas”.
Un problema que afecta especialmente a los autónomos del sector náutico
Gil aseguró que entre sus asociados tienen “más de 250 embarcaciones, muchas de ellas de pequeñas empresas o autónomos que trabajan en temporada. La mayoría son negocios familiares.”
El modelo que se avecina se asemeja peligrosamente al de las viviendas turísticas no reguladas. “Es como si ahora permitieran que un coche privado hiciera de taxi en julio, agosto y septiembre”, criticó Jiménez. “¿Verdad que los taxistas protestarían? Pues nosotros también”, se justificó.
Pedro Francisco Gil se refirió a «una ‘airbnbización’ del mar» ya que “van a permitir que cualquier empresa náutica, incluso una que solo se dedica a limpiar cascos o pulir, pueda gestionar alquileres de barcos. Pero esto no es tan fácil. Para alquilar embarcaciones necesitas conocimientos de navegación, de seguridad, de meteorología… No todo el mundo está capacitado para ello”.
El decreto balear de chárter, que lleva en redacción desde hace meses, intenta cerrar estos vacíos legales aunque podría suponer un choque competencial entre el gobierno central y el de las islas. Esta norma estaba siendo muy demandada por el sector, especialmente por el aumento de los accidentes en embarcaciones en Baleares por lo que Gil lamentó que la decisión de la Marina Mercante se adelante a la regulación “justo ahora, pretenden abrir la puerta de par en par al descontrol”.
Fondeaderos saturados y ecosistemas en peligro
En la Aecib insistieron en que esta medida, aunque pueda tener sentido en otras regiones, es completamente inadecuada en el archipiélago balear. “Es una buena norma para inyectar propulsión económica a la navegación de recreo en comunidades que requieren una inyección económica. Pero en Baleares está totalmente desvirtuado este tema”, advirtió Pedro Francisco Gil.
Aunque el cambio normativo permitiría alquilar embarcaciones privadas en todo el litoral español, su impacto no se repartirá de forma equitativa. “Al revés, les beneficia. Pero ¿dónde van a navegar esos barcos? En verano todos quieren venir aquí”, afirma Gil, señalando que Baleares funciona como un imán para la náutica de recreo.
El presidente de esta patronal aseguró que la saturación del mar Balear no es algo subjetivo sino que está apoyado en datos. De hecho, el informe del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (Socib) sobre la capacidad de carga náutica en Baleares deja claro que el mar tiene límites y que en temporada alta las zonas de fondeo «al borde del colapso».
El problema, explican los profesionales del mar, es que las praderas de posidonia oceánica, un ecosistema marino clave para la biodiversidad y la protección costera, están en peligro por el fondeo descontrolado.
La situación es crítica ya que “no hay parking para esos 3.000 barcos y tienen que fondear en arena pero las embarcaciones con poca formación lanzan el ancla sobre la posidonia y rompen nuestras costas”, denunció Gil.
Además, muchas de las embarcaciones privadas que no son controladas se acercan peligrosamente a zonas de baño, poniendo en riesgo la vida de los bañistas. “El otro día, unas chicas intentaban empujar una barca encallada con la hélice girando a un palmo de sus piernas. ¿Tú sabes el riesgo de amputación que eso supone?”, relató con indignación Jiménez.
Los profesionales piden reglas claras para poner orden en el mar
El agravio comparativo no termina ahí. “Las tarifas de los puertos se triplican para barcos comerciales”, señaló Gil. “Si ahora los barcos privados pasan a alquilarse, ¿qué tarifa se les aplica? ¿La de particulares o la de profesionales? Si les cobran la baja, se rompe el mercado. Si les cobran la alta, navegar sólo será apto para ricos”.
Además, muchos de estos barcos proceden de fuera de Baleares: “Somos como las Naciones Unidas del mar, vienen de fuera y alquilan sin dejar nada aquí. Nos morimos de éxito”, lamentó Jiménez y aseguró que este cambio “sólo beneficia al que no tiene estructura, al que no paga autónomos, al que no invierte. El que cumple, se hunde”.
En la Aecib propusieron que no se demore más la entrada en vigor del decreto atonímico que haga valer sus competencias para frenar la medida estatal. También reclaman controles más estrictos en clubes náuticos y marinas, donde comienza la actividad. “Queremos un mar ordenado, profesional y sostenible. No podemos permitir que se convierta en una jungla náutica”, señaló Gil.
El sector emplea a más de 3.000 personas en Baleares, en su mayoría autónomos y pequeñas empresas. “No estamos pidiendo privilegios, sólo reglas claras. No podemos pelear con gente que juega con otra baraja”, concluyó Jiménez.
