Las asociaciones de transportistas y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para cancelar las jornadas de huelga que iban a afectar a las carreteras españolas y que habían sido convocadas por Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. En éste se recoge que tanto la patronal como las organizaciones de trabajadores solicitarán conjuntamente al Gobierno nuevas mejoras en las cotizaciones y condiciones para acceder a la jubilación anticipada de los transportistas, entre otras medidas.

Asimismo, las organizaciones de transportistas y los sindicatos también solicitarán a la Administración nuevas subvenciones para la adquisición de vehículos, así como un impulso de la formación de futuros conductores, en un entorno como el actual, donde se necesitarán miles de nuevos transportistas en los próximos años.

Fuentes cercanas a la negociación explicaron a este diario que estas peticiones se realizarán al Gobierno en los próximos 20 días, poco después de la salida a consulta pública del proyecto de Real Decreto que regulará las nuevas condiciones para que los autónomos que realicen actividades especialmente “penosas”, como los transportistas, puedan solicitar el adelanto de su edad de retiro antes de los 63 años.

Por ello, “ahora mismo la situación que existe en el sector es de tranquilidad”, y el riesgo de que la huelga vuelva a ser convocada es remoto, según explicaron a este medio las mismas fuentes.

Los transportistas pedirán al Gobierno que compense el incremento de las cotizaciones para adelantar su jubilación

Como ya contó este diario hace unos días, la pasada semana salió a consulta pública el proyecto de Real Decreto que podría cambiar las condiciones para que los autónomos que desarrollen una actividad especialmente “penosa, tóxica, peligrosa o insalubre” puedan acceder a la jubilación antes de los 63 años. Entre ellos, podría haber miles de transportistas, los cuales sufren un mayor número de accidentes a medida que se hacen mayores.

Este proyecto establece que la Seguridad Social estudiará la situación del colectivo, aplicando -si lo estima conveniente- un coeficiente reductor a la edad mínima para jubilarse anticipadamente. Esto podría permitir, en los casos más graves, que los autónomos se jubilen a partir de los 52 años, siempre que hayan cotizado en el sector un mínimo de 15 años.

Para ello, además, los autónomos del transporte deberán haber cotizado más durante su trayectoria para justificar el adelanto de su jubilación sin perder el derecho a sus pensiones. En este sentido, Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) explicó a este medio en su momento que “deberían pagar una cuota a la Seguridad Social más alta durante menos tiempo. Al final, el objetivo es que cotizasen lo mismo”, si bien los agentes sociales todavía no conocen a cuánto ascenderían estas cantidades.

Ante esta situación, una de las principales reclamaciones que harán los transportistas al Gobierno es que compense este incremento de la cuota empresarial “con una disminución de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, explicó a este medio Jorge Martín Serrano, presidente de ATA Aragón y coordinador de la Sectorial de Transporte.

Asimismo, las organizaciones empresariales y los sindicatos solicitarán a la Administración una reducción en las cotizaciones por contingencias profesionales “a las empresas de transporte de mercancías por carretera que hayan disminuido de forma considerable la siniestralidad”, otra de las cuestiones que se recogen en el acuerdo firmado hace unos meses entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), los sindicatos y el Gobierno.

Las asociaciones también reclamarán más formación de nuevos conductores y ayudas para comprar vehículos

Asimismo, el acuerdo firmado entre los sindicatos y las asociaciones empresariales del Transporte contempla la petición que realizarán al Ministerio de Educación y Formación Profesional para facilitar “una formación integrada en conducción y obtención de permisos, procediendo a eliminar el requisito de estar en posesión del permiso de conducción de la clase C para poder llevar a cabo la mencionada formación.”

Con ello, buscan atraer a un mayor número de profesionales para el sector, en un momento donde existe una importante escasez de conductores y en paralelo al posible adelanto de la jubilación de miles de autónomos. Según las asociaciones, alrededor del 60% de los transportistas, unos 120.000, se jubilarán en la próxima década.

Por ello, las asociaciones y los sindicatos también pedirán “la implantación en toda España del título de FP de Grado Medio en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera más la obtención de los permisos C y C+E”, explicó Jorge Martín Serrano.

Éstas son las otras reclamaciones que los transportistas harán al Gobierno en las próximas tres semanas

Además de las anteriores, los sindicatos y las asociaciones de transportistas también llevarán a la próxima reunión con el Gobierno otras propuestas. Son las siguientes:

En materia de Prevención de riesgos laborales y control de la actividad: A través de un protocolo de actuación, las empresas realizarán controles médicos y controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas a su personal de conducción.
Solicitarán a la Dirección General de Tráfico el desarrollo de un sistema telemático que permita a las empresas empleadoras conocer si un conductor profesional que trabaja en ellas se encuentre habilitado legalmente para conducir, no siendo necesario el consentimiento de la persona trabajadora.
Nueva línea de subvenciones para que las empresas de transporte de mercancías puedan adquirir vehículos que cumplan con los últimos requisitos en materia de seguridad, exigidos por la regulación europea en vigor sobre las exigencias técnicas de fabricación.
Contratos de relevo de la jubilación parcial: Solicitarán al Ministerio de Trabajo y Economía Social la aplicación de la misma regulación que se establece para la jubilación parcial con el contrato de relevo en la industria manufacturera.

Jorge Martín Serrano concluyó afirmando a este diario que, aunque ahora mismo “no hay fecha concreta para la reunión, el acuerdo firmado recoge que las reclamaciones se harán al Gobierno en las próximas tres semanas.”