Continúa la oleada de propuestas para subir y reformar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que pagan miles de autónomos y pequeñas empresas. En las últimas semanas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habría anunciado su intención de introducir hasta tres cambios distintos para modificar el sueldo mínimo en nuestro país. Todos ellos podrían disparar de nuevo los costes de los negocios.
A diferencia de las anteriores subidas del SMI, en las que el ministerio, los sindicatos y la patronal se reunían para pactar una cifra, esta vez parece que Díaz quiere ir un paso más allá y reformar por completo la normativa que regula el sueldo mínimo en nuestro país. Como ya avanzó este diario, la última de sus propuestas era, por ejemplo, que este umbral suba de forma automática y cada seis meses, sin negociación ni pacto previo. Pero no es la única.
Desde que arrancó septiembre, Díaz ha ido lanzando cada pocos días una nueva propuesta, al margen de las otras muchas medidas como la reducción de jornada, los cambios en los permisos, o el nuevo control horario. En lo que respecta al sueldo mínimo, parece que la intención es reformar la normativa para que no solo suba en 2026, sino que también haya aumentos permanentes o que se impida a las empresas compensar estas subidas con los pluses que ya están pagando a sus empleados.
Los nuevos cambios que propone Díaz para el SMI que pagan las pymes a partir de 2026
El Ministerio de Trabajo activó recientemente su mesa de expertos encargada de determinar el abanico en el que debería situarse el SMI de cara a 2026. Aunque todavía no se ha reunido la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha adelantado tres grandes reformas con las que busca redefinir el modelo de actualización del salario mínimo.
Las medidas, que afectarían directamente tanto a empresas como a trabajadores, pasan por vincular el SMI al IPC, impedir que las compañías usen los pluses para completarlo y garantizar que nunca quede por debajo del 60% del sueldo medio en España.
1. Subida automática del SMI conforme al IPC
Una de las propuestas más polémicas de Díaz y que avanzó recientemente este diario es que el SMI se actualice automáticamente cada seis meses en función de la inflación, sin necesidad de una negociación política o sindical previa. La medida, inspirada en los sistemas de indexación de algunos países europeos, pretende que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante los repuntes del coste de la vida.
Hasta ahora, el salario mínimo se revisa de forma discrecional y suele depender de los acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, un proceso que en ocasiones se ha retrasado varios meses. Con esta nueva fórmula, la actualización sería automática y vinculada al IPC real, lo que permitiría ajustar el salario dos veces al año —en enero y julio—.
En la práctica, esta modificación convertiría la revalorización del SMI en un mecanismo permanente y previsible, similar al que se utiliza para las pensiones. No obstante, las organizaciones empresariales se han mostrado muy preocupadas, ya que con este sistema no sería necesario negociar las subidas y se podrían incrementar de manera sostenida los costes laborales, especialmente en las pequeñas empresas.
En el Ministerio de Trabajo justifican que el objetivo de esta medida es blindar el poder adquisitivo de quienes menos ganan, «sin depender de decisiones políticas o de los tiempos administrativos».
2. Las empresas no podrán usar los pluses para alcanzar el SMI
Otro de los cambios que prepara el Gobierno tiene que ver con la forma en que las empresas computan el salario mínimo dentro de las nóminas. Actualmente, algunos convenios permiten incluir determinados complementos salariales (como pluses de transporte o antigüedad) para alcanzar la cifra del SMI, siempre que el total supere el umbral legal.
La intención de Díaz es prohibir esta práctica y separar claramente el salario base del resto de complementos. En la práctica, esto significaría que los 1.382 euros brutos mensuales actuales del SMI deberían abonarse íntegramente como salario base, quedando los pluses y complementos al margen y sumándose después.
La discusión promete ser una de las más polémicas en la próxima mesa de diálogo social. Los sindicatos insisten en que los pluses “retribuyen circunstancias distintas al trabajo ordinario” y no deben usarse para cumplir mínimos legales, mientras que las organizaciones empresariales reclaman flexibilidad para evitar que se disparen los costes laborales para miles de pymes.
Hasta ahora, según el principio de compensación y absorción, los autónomos pueden usar cualquier concepto que sea salarial y homogéneo, como la antigüedad, el plus de responsabilidad o las pagas extras, para subir el salario base y alcanzar el SMI.
Además, una sentencia del Tribunal Supremo fue más allá e incluyó conceptos variables que se pueden tener en cuenta a la hora de calcular el SMI. Los ejemplos más claros serían el plus de productividad o las comisiones de ventas. «Son conceptos que el trabajador cobra anualmente y, si bien no son una compensación ni una absorción al uso, sí que en computo anual son salario y, por tanto, se pueden compensar y absorber», apuntó Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons.
3. Que el SMI nunca baje del 60% del salario medio
El tercer pilar de la propuesta del Ministerio de Trabajo busca blindar un suelo estructural para el SMI, estableciendo que nunca pueda situarse por debajo del 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
Aunque la cifra exacta dependerá de los datos oficiales del INE, los últimos registros conocidos sitúan el salario medio en torno a 2.350 y 2.450 euros brutos al mes. Esto significa que el 60% de ese rango equivaldría a entre 1.410 y 1.470 euros mensuales.
Para alcanzar la parte baja de esa horquilla, el SMI debería subir unos 28,6 euros al mes (un 2%), y para alcanzar la parte alta, unos 88,6 euros (un incremento del 6,4%).
Al igual que con la indexación al IPC, el objetivo del Gobierno con esta medida es que el salario mínimo quede anclado de forma permanente a esa proporción, de modo que las futuras subidas no dependan de la mesa de negociación.
