La Junta de Castilla y León ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en 2025, dirigida a viticultores y futuros viticultores de la comunidad. La subvención puede cubrir hasta el 50% de los costes, y llegar incluso al 75% en el caso de jóvenes agricultores que inicien su primera explotación como autónomos.
Estas ayudas están financiadas con fondos europeos FEAGA y tienen como finalidad mejorar la competitividad del sector vitivinícola. Las operaciones deberán iniciarse después del 1 de agosto de 2025, y sólo se subvencionarán actuaciones posteriores a la presentación de la solicitud.
La convocatoria está abierta a autónomos viticultores con explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL), así como a futuros viticultores con disponibilidad sobre la parcela que deseen reestructurar. Es obligatorio tener actualizadas las declaraciones de cosecha en los plazos establecidos por la normativa.
El importe máximo varía en función de la operación, pero tiene un tope de 12.000 euros por hectárea
Las operaciones subvencionables incluyen la reconversión varietal, los injertos, la reubicación de viñedos, la replantación tras arranques por causas sanitarias y la mejora de técnicas de gestión del viñedo. Cada solicitante puede optar por una o varias de estas actuaciones, siempre que se inicien tras la solicitud.
El importe máximo por hectárea varía en función del tipo de operación. En el caso de arranque y replantación de viñedo, el límite es de hasta 12.000 euros por hectárea, mientras que para reconversiones mediante injertos la cuantía máxima es de 6.000 euros por hectárea.
También se contemplan gastos como la instalación de estructuras de conducción (tutores, alambres, postes), la nivelación de terrenos, el despedregado, la construcción de bancales o la colocación de mallas contra fauna silvestre. Cada uno de estos conceptos tiene un límite específico, que se debe justificar adecuadamente.
Las solicitudes pueden ser individuales o colectivas. Estas últimas deben estar compuestas por al menos tres solicitantes y designar a un interlocutor único que actúe como representante ante la administración. La figura del técnico colegiado es imprescindible en solicitudes colectivas, ya sea como persona física o vinculada a una persona jurídica.
Las solicitudes colectivas tienen prioridad en la valoración, ya que implican una planificación conjunta y más eficiente del territorio vitícola. Esta modalidad permite a los pequeños viticultores coordinar recursos, compartir asesoramiento técnico y acceder con más garantías a la ayuda.
Quedan excluidos los viticultores que no hayan ejecutado actuaciones subvencionadas anteriores
El plazo de resolución es de seis meses desde la celebración de la Conferencia Sectorial. La notificación será exclusivamente electrónica, a través del sistema NOTI de la Junta, por lo que es fundamental mantener actualizado el correo electrónico de contacto, ya que los avisos no constituyen por sí mismos una notificación válida.
Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos viticultores que hayan renunciado previamente a operaciones aprobadas sin justificar fuerza mayor o no hayan ejecutado actuaciones subvencionadas en convocatorias recientes. Esta restricción se aplica durante las dos convocatorias siguientes, salvo en casos excepcionales recogidos por la normativa.
Uno de los objetivos clave de esta medida es modernizar el viñedo regional, adaptándolo a nuevas demandas de mercado y mejorando su rentabilidad. La reconversión varietal permite apostar por uvas más resistentes o de mayor valor comercial, facilitando la sostenibilidad a medio plazo.
Además, estas ayudas buscan frenar el abandono del viñedo en zonas rurales con riesgo de despoblación, facilitando el relevo generacional. El incremento de la subvención para jóvenes agricultores es un incentivo para fijar población en el medio rural y garantizar la continuidad del sector.
La cuantía de la ayuda se calcula a partir de módulos económicos establecidos por la administración autonómica, teniendo en cuenta cada tipo de actuación. Estos módulos sirven como base para el cálculo de la subvención, aunque el pago final depende también de la justificación presentada y la ejecución completa del proyecto.
Las solicitudes colectivas deberán estar firmadas por todos los participantes
El hecho de que la ayuda esté financiada con fondos europeos exige un riguroso control administrativo. Por eso, la documentación debe estar completa y correctamente presentada, incluyendo anexos específicos según se trate de solicitudes individuales o colectivas.
En el caso de solicitudes colectivas, se deberá aportar también el acuerdo entre viticultores para designar al representante. Este acuerdo deberá estar firmado por todos los participantes y especificar sus funciones. El representante, además de tener la cualificación exigida, deberá contar con un certificado digital válido que permita realizar todos los trámites electrónicos. La acreditación de esta figura técnica es clave para la tramitación de la solicitud colectiva.
En lo relativo al seguimiento de las operaciones, los beneficiarios deberán cumplir los plazos de ejecución y justificación marcados en la resolución. Los pagos se realizarán tras comprobar que la actuación se ha ejecutado, según lo declarado y dentro de los márgenes económicos aprobados.
La Junta destaca que estas ayudas son una oportunidad para que los viticultores adapten sus explotaciones a los nuevos desafíos técnicos, económicos y climáticos. El enfoque de esta convocatoria combina modernización y sostenibilidad, con especial atención a las zonas más vulnerables.
Se priorizarán las actuaciones con mayor impacto estructural
El procedimiento de concesión es en régimen de concurrencia competitiva, lo que implica que las solicitudes se valorarán conforme a un baremo objetivo. Se priorizarán las actuaciones con mayor impacto estructural, las solicitudes colectivas y las presentadas por jóvenes agricultores o en municipios en riesgo de despoblación.
También se tendrá en cuenta si el solicitante pertenece a una Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, así como la superficie de viñedo afectada. Estos factores suman puntos en la valoración, elevando las posibilidades de obtener la ayuda.
La reestructuración del viñedo es una herramienta estratégica para Castilla y León, una de las comunidades con mayor superficie vitícola de España. Estas subvenciones suponen un respaldo directo a los viticultores autónomos, que podrán renovar sus explotaciones y prepararlas para un mercado más competitivo con la llegada de los aranceles estadounidenses.
