El Tribunal de Cuentas emitió esta semana el mayor informe de fiscalización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) elaborado hasta la fecha sobre estos instrumentos de ayuda que cobraron casi medio millón de autónomos y pequeñas empresas durante la pandemia y los años posteriores.
Dentro de este informe, el Tribunal de Cuentas ha analizado el número de expedientes reconocidos, los beneficios de los que disfrutaron los negocios y el control que ejercieron los técnicos de la Seguridad Social y el cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Una de las conclusiones más llamativas de este documento es que más de 270.000 autónomos y pymes fueron señalados en algún momento como «sospechosos» de haber cometido algún tipo de infracción con estos expedientes.
Los ERTE extraordinarios que se concedieron entre 2020 y 2022, lo mismo que los actuales, permitían a los autónomos y pymes beneficiarse de una exoneración en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados que «suspendían» a través de este expediente. Además, también dejaban de pagar el salario. Sin embargo, para disfrutar de estas exenciones, los negocios debían cumplir una serie de requisitos que, a juicio del órgano de control y de la Tesorería, no se cumplieron en muchos casos.
- Sólo un 20% de los negocios «sospechosos» de infracción con los ERTE fueron investigados
- 48.000 visitas a negocios por los ERTE y 6.000 sanciones impuesta
Sólo un 20% de los negocios «sospechosos» de infracción con los ERTE fueron investigados
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la gestión de todas las ayudas concedidas entre marzo de 2020 y marzo de 2022 a raíz de la pandemia. El informe recoge que más de 558.000 empresas se acogieron a los ERTE-Covid, beneficiando a 4,15 millones de personas trabajadoras.
Las principales destinatarias de estas medidas fueron las microempresas, seguidas de las pequeñas empresas. Siendo los sectores económicos más afectados por la inactividad los relativos al Comercio al por mayor/menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas y Hostelería.
De estos 558.000 negocios beneficiarios de un ERTE –que les permitió pagar menos cotizaciones y salarios para paliar las caídas de demanda–, unos 270.000 fueron señalados por la Seguridad Social como «sospechosos» de haber cometido algún tipo de infracción al beneficiarse de los expedientes.
Por ejemplo, aprovecharse de hasta un 100% de exoneración de cuotas sin cumplir los requisitos de caída de facturación que se exigían en cada modalidad. O seguir acogidos al ERTE para dejar de pagar la cotización mientras el empleado sí estaba en su puesto de trabajo.
Sin embargo, debido al elevado número de expedientes que se concedieron en tan poco tiempo, la Inspección no habría tenido recursos humanos suficientes para controlar a todos estos negocios y habría visitado a menos de un 20% de ellos.
Según el informe, la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo) dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes. Esta circunstancia, “ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas”.
Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-Covid “provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes”.
48.000 visitas a negocios por los ERTE y 6.000 sanciones impuestas
Concretamente, la fiscalización habría detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones (esto es, los empleados que cobran el paro) por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, que serían sospechosos de haberse beneficiado del desempleo indebidamente.
En relación con las exoneraciones de cuotas, las actuaciones de control de la Seguridad Social detectaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278.757 empresas y a 1,7 millones de personas. Los casos fueron trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis.
De todos estos negocios señalados por la Tesorería, el informe del Tribunal de Cuentas dice que menos de 50.000 negocios recibieron finalmente una visita de la Inspección. Y de esos 46.556 autónomos y pymes que fueron investigados por los inspectores entre 2020 y 2023, se detectaron 6.185 infracciones.
Estas infracciones fueron sancionadas con cerca de 30 millones de euros. Es decir, la multa media que se impuso a cada negocio a causa de los ERTE fue de unos 4.850 euros. A esto habría que añadir la devolución de las cotizaciones, que supuso una media de unos 3.000 euros por empresa.
Según explica el Tribunal de cuentas, el alcance de las actuaciones de control desarrolladas durante esos años por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido reducido atendiendo al «elevado volumen» de indicios de incumplimiento comunicado por la Tesorería General de la Seguridad Social, «resultando insuficientes los medios personales de que dispone dicho Organismo Estatal para poder conseguir un mayor alcance de sus actuaciones inspectoras».
