Un nuevo plan de acción, consensuado entre el Ministerio de Economía y las administraciones locales, en el ámbito del ‘Régimen 20’, promete cambiar radicalmente el problema de tener que esperar meses hasta que la administración concede la licencia de apertura de un negocio. Si se cumple el pacto, a partir de 2025, abrir un comercio o cualquier actividad podría ser mucho más rápido y sencillo gracias a la sustitución de las licencias de apertura por declaraciones responsables.
Esta misma iniciativa ya fue implementada durante la legislatura de Mariano Rajoy pero, aunque suscitó muy buenas expectativas, su implantación fue desigual en los distintos territorios y pronto pasó al olvido. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez la resucita idéntica a la anterior con la esperanza de que tenga mejor resultado para los que quieren abrir un local en España.
La burocracia ha sido, durante décadas, uno de los principales dolores de cabeza para autónomos y pequeños negocios en España. Desde la obtención de licencias hasta el cumplimiento de normativas municipales, los emprendedores han tenido que enfrentarse a obstáculos que, además de ralentizar la puesta en marcha de su actividad, contribuían a incrementar sus costes.
Pues bien, ahora, tal y como informó este diario a finales del pasado septiembre, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dirigido un proyecto para reducir las barreras burocráticas que afectan a los negocios. Este plan, conocido como “Régimen 20”, tiene como principal objetivo eliminar procedimientos administrativos innecesarios, agilizar los trámites y fomentar un entorno más favorable para el emprendimiento.
Tras su segunda reunión de trabajo, con “deberes a cumplir”, según los participantes, el cambio más destacado es la introducción de una ordenanza tipo que permitirá sustituir las licencias de apertura por declaraciones responsables. Esta medida implica que, en lugar de esperar semanas o incluso meses para obtener la autorización necesaria para abrir un local, los emprendedores podrán empezar a operar de inmediato tras presentar una declaración en la que se comprometen a cumplir con la normativa vigente. Esto podría reducir los tiempos de apertura hasta en un 80% y ahorrar cientos de euros en tasas administrativas.
Los negocios deberían poder abrir inmediatamente con una declaración responsable
La declaración responsable es un documento que el emprendedor solamente habrá de presentar ante el ayuntamiento correspondiente, en el que declarará que su actividad cumple con las normativas aplicables, como son las de seguridad, higiene y accesibilidad. Este sistema ya se utiliza en otros países europeos con éxito, y a partir de 2025 se extenderá previsiblemente por todo el territorio nacional.
En lugar de esperar la inspección previa para obtener la licencia, el negocio debería poder abrir inmediatamente tras presentar la declaración. Las inspecciones se realizarán con posterioridad, bien sea de forma aleatoria o en el caso concreto de una denuncia, asegurando de ese modo que el cumplimiento normativo no se relaje.
“Esta medida, no sólo acelera los tiempos de puesta en marcha, sino que elimina también incertidumbres innecesarias para los emprendedores”, explicó el ministro Cuerpo durante la presentación de esta iniciativa, “permitiéndoles de esa manera concentrarse en lo que realmente importa, que es su negocio”.
Esta sustitución de las preceptivas licencias de apertura por declaraciones responsables es especialmente beneficiosa para los autónomos y los pequeños negocios, que a menudo carecen de los recursos necesarios para soportar largos procesos administrativos. Según datos del Ministerio de Economía, el 95% de las nuevas actividades comerciales van a poder acogerse a esta medida.
Se espera que los ayuntamientos adopten la ordenanza de manera progresiva durante el primer semestre de 2025
Entre los principales beneficios de esta sustitución de las licencias de apertura por declaraciones responsables destacan:
- Una sustancial reducción de plazos. Los emprendedores podrán abrir su negocio en días, en lugar de semanas o meses.
- Menores costes asociados a la apertura. Al eliminar tasas y honorarios asociados a las licencias, los pequeños negocios ahorrarán una media de 500 euros.
- Mayor agilidad y adaptación al mercado. Permitirá a los negocios adaptarse rápidamente a cambios en los usos y costumbres de los consumidores, como aperturas temporales o estacionales.
Para Marta del Val Gómez, propietaria de una pequeña boutique de ropa en Madrid, esta medida habría marcado una gran diferencia cuando inició su negocio hace tres años. “Perdimos casi dos meses esperando la licencia y pagando alquiler sin poder abrir”, comentó a este diario. “Con esta modalidad de declaración responsable habríamos empezado a facturar mucho antes”.
No obstante, como subyace en realidad en todo lo relativo a la iniciativa ‘Régimen 20’, el éxito de esta iniciativa, y en general del plan, depende en gran medida de la colaboración de los ayuntamientos, que serán los encargados de implementar la ordenanza tipo. Para garantizar la uniformidad en todo el país, el Gobierno trabajará junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la adaptación de esta normativa.
Se espera que los ayuntamientos adopten la ordenanza de manera progresiva durante el primer semestre de 2025, comenzando por las ciudades más grandes y extendiéndola luego a municipios más pequeños. Esta colaboración incluirá la formación de los funcionarios encargados de supervisar el nuevo sistema.
Una herramienta digital permitirá a los autónomos conocer la normativa de sus municipios
Además de la sustitución de licencias de apertura por declaraciones responsables, el plan “Régimen 20” incluye otras iniciativas que también podrán beneficiar a los autónomos y pequeños negocios:
- Plataforma normativa unificada. Se creará una herramienta digital que recopile y estandarice la normativa local, facilitando a los negocios conocer los requisitos específicos de su localidad.
- Etiquetado digital. Una iniciativa para ayudar a los negocios a cumplir con las normativas sobre información al consumidor, especialmente en actividades como la alimentación y el reciclaje.
- Simplificación de trámites para puntos de recarga. Reducirá los requisitos para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, abriendo nuevas oportunidades en el sector de la movilidad y haciendo posible la transición a los negocios que trabajan con vehículos comerciales.
- Certificados de eficiencia energética. Se clarificarán las competencias técnicas, facilitando el trabajo de los profesionales autónomos en proyectos de sostenibilidad.
Aunque la medida ha sido bien recibida por la mayoría del sector empresarial, algunos expertos han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de abusos o incumplimientos. De hecho, es fundamental que las inspecciones posteriores sean rigurosas para evitar que flexibilidades administrativas se traduzca en una relajación del cumplimiento normativo.
Y un reto igualmente importante será garantizar que todos los consistorios adopten esta y otras ordenanzas tipo, que vayan viendo la luz, en los plazos previstos. Una vez más, las diferencias en la implementación podrían generar desigualdades entre municipios, afectando especialmente a los autónomos de las zonas rurales.
