La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz quiere reformar el Estatuto de los Trabajadores para establecer un nuevo modelo que suba cada año y de manera automática el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de tal forma que no pueda ser nunca inferior al 60% del sueldo mínimo en España. Esta medida se remitiría al Parlamento, junto al proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas.
Así lo habría trasladado el Gobierno a los sindicatos y a la patronal la semana pasada. En un principio, la idea que lleva la ministra sería aprobar este martes el nuevo modelo de cálculo del SMI en el Consejo de Ministros. La medida saldría adelante junto al proyecto de reducción de la jornada y se trasladaría al Congreso para su aprobación a unos pocos días del Primero de Mayo, Día del Trabajador.
Tal y como denunciaron la patronal y las organizaciones de autónomos, la aprobación acelerada de estas medidas no sería casual, sino que respondería a una «estrategia política» justo antes de las manifestaciones programadas por los sindicatos para el jueves día 1, por la reducción de la jornada y la reforma del despido. En cualquier caso, tanto la reducción de jornada como las modificaciones en el SMI se encontrarán con varias trabas en el recorrido parlamentario que podrían dificultar su aprobación.
Tras el anunció de Díaz, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se mostró «rotundamente en contra» del nuevo modelo de cálculo del SMI reflejado en la propuesta del Gobierno, puesto que supondría un aumento constante de los costes para todas las empresas y afectaría especialmente a los autónomos y pymes empleadores.
De hecho, según recordó ATA, este lunes se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA), donde se refleja la pérdida de más 40.000 empleadores en el último año. «Seguimos viendo mes tras mes en las estadísticas cómo se viene destruyendo empleo en términos interanuales en los autónomos y pequeñas empresas de 1 a 3 empleados«, denunció la Federación.
Nuevo modelo de cálculo del SMI que propone Díaz para autónomos y empresas
El nuevo modelo de cálculo del SMI que habría traslado el Gobierno a la patronal y sindicatos consistiría en fijar por Ley que el Salario Mínimo en nuestro país nunca pueda ser inferior al 60%. Ahora mismo, con la cuantía actual ya se alcanzaría prácticamente este importe pero el sueldo medio va aumentando constantemente.
Si la intención de la ministra llega a buen puerto y consigue que, por ley, el SMI tenga siempre que ser al menos el 60% del salario medio español, ya no harían falta más negociaciones. Por lo tanto, los costes de los autónomos subirían de manera constante, al mismo ritmo en el que aumentaran los salarios en España.
Hay que recordar que desde 2018, cuando el PSOE entró en la Moncloa, se han registrado ya seis subidas del SMI. Ahora mismo se encuentra en los 1.134 euros al mes por 14 pagas, mientras que hace seis años era de 735 euros al mes por 14 pagas.
Posible aumento de entre un 2% y un 5% anual
Si se incorporara por ley una subida automática, es previsible que los costes de los autónomos pudieran subir cada año entre un 2% y un 5%.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 el sueldo en medio en España era de 26.948 euros por empleado, un 4,1% más que el año anterior. Pero si nos remontamos un año atrás, a 2021, el salario medio fue de 25.896,82 euros anuales, con un aumento del 2,9% respecto al año anterior. Y en 2020 de 25.165, lo que supuso un aumento de más del 3%, si lo comparamos con el año previo.
A tenor de estos incrementos, si el SMI pasase a estar definido por norma legal, sería de esperar -fijándonos en los datos de los años anteriores- que cada año aumentara el salario mínimo en la misma proporción que aumentasen los sueldos. Que en los cuatro últimos años anteriores han experimentado aumentos anuales de entre un 2,9% y un 4,1%.
Rechazo a las subidas automáticas del Salario Mínimo
Tanto ATA como la patronal CEOE enviaron este lunes un comunicado oponiéndose a las nuevas medidas que pretende aprobar este martes la ministra de Trabajo y remitir al Parlamento.
Por un lado, las organizaciones ya recordaron que la reducción de jornada a 37,5 horas no debería aprobarse por Ley sino que tendría que negociarse teniendo en cuenta las características de cada sector y el tamaño de los negocios.
Del mismo modo desde ATA defienden que «el salario mínimo debe de ir incrementándose siempre atendiendo a parámetros técnicos». De aumentarse de forma automática, cada año los negocios deberían cargar con nuevos costes, que afectarían especialmente a los autónomos y micropymes con empleados. Sobretodo aquellos que tienen entre 1 y 3 empleados.
La Federación quiso remarcar que con esta propuesta de SMI, añadido a la reducción de jornada que quiere aprobar el Consejo de ministros para remitir a las Cortes Generales, «los autónomos con trabajadores volverán a ser los grandes perjudicados con más costes, más trabas y un riesgo de seguir con la destrucción de empleo en las pequeñas empresas, como reflejan las estadísticas».
Además, «tendrán que asumir ellos mismos las horas no trabajadas por sus empleados, lo que llevará a trabajar más horas y supondrá menos conciliación para los autónomos y autónomas», añadieron desde ATA.
ATA pide que los autónomos con ingresos inferiores al SMI queden exentos de impuestos y cotización
En la misma línea, ATA también aprovechó el comunicado para defender que los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo también tendrían que tener algunos beneficios especiales como los tienen los asalariados.
El Ejecutivo ya había trasladado la semana pasada que los asalariados con ingresos por debajo del SMI no tendrían que pagar la RENTA, siendo que todos los autónomos -sean cuáles sean sus beneficios- deben declarar este impuesto.
Por ello, si «como establece la propuesta del Gobierno en el artículo 27 apartado E el SMI debe ser el garante de un nivel de vida digno», ATA considera que también «todo autónomo individual o empleador cuyos ingresos netos no lleguen al 60% del salario medio neto de los trabajadores debería quedar exento de pagar impuestos y cotizaciones».
Todo ello, apuntaron desde la federación, en aras de «alcanzar ese mismo nivel de vida digna que se pretende procurar a sus propios trabajadores».
