Los representantes de tres sectores esenciales del comercio de proximidad –panaderos-pasteleros, carniceros y pescaderos- han unido fuerzas para alzar su voz contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que aprobó el Consejo de Ministros del pasado martes.
Las organizaciones CEOPPAN (panadería), CEDECARNE (carnicería) y FEDEPESCA (pescadería) emitieron un comunicado conjunto en el que advierten de que esta medida amenaza la viabilidad de más de 42.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que en conjunto emplean a más de 180.000 personas en toda España.
“Estamos muy consternados. Si la ministra de Trabajo quiere que sólo queden en pie las multinacionales, lo va a conseguir”, afirmó María Luisa Álvarez Blanco, directora general de FEDEPESCA, una de las patronales firmantes, en declaraciones a este medio.
Los sectores implicados recuerdan que sus negocios están profundamente arraigados en pueblos y ciudades, aportan valor local, fomentan la economía circular y reducen la huella de carbono. Frente a ellos, compiten grandes superficies, cadenas de franquicias y plataformas de reparto con economías de escala inasumibles para los pequeños.
Los comerciantes denuncian el «acoso normativo» que afecta a las microempresas
Álvarez Blanco se mostró especialmente crítica con lo que considera un acoso normativo continuado que llega “tras varias subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), aumentos en las cotizaciones sociales o la implementación de las normativas de facturación electrónica -por ejemplo, la adaptación al reglamento Verifactu-, que supone unos 1.000 euros más al mes en costes de gestión”. Y añadió que si a todo lo anterior «sumas una jornada reducida, simplemente no salen los números, es insostenible”.
Tomemos como ejemplo el caso de las pescaderías: en su mayoría son pequeños negocios con una media de 1,6 personas trabajando a su cargo. Debido a todas las cargas administrativas y económicas, actualmente ya no pueden contratar a más personal para abarcar todo el horario comercial. Ante la reducción de jornada decretada por el Gobierno, la única solución viable puede pasar por cerrar por las tardes, perdiendo cuota de mercado y, en consecuencia, facturando menos.
La directiva explicó que muchos autónomos estaban aguantando a duras penas hasta su jubilación, pero cada vez son más los que se decantan por bajar la persiana de sus pequeños negocios con antelación. El propio manifiesto que ha unido a panaderos, pescaderos y carniceros enumera como causas del cierre de muchos negocios “la pandemia y los incrementos descontrolados de los costes de todo tipo (energéticos, de materias primas, de envases, de distribución, de alquileres, etc.)”. Mientras tanto, “el autónomo vive cada vez peor”, resumió lacónicamente Álvarez Blanco.
Tampoco se pueden menospreciar las cifras de absentismo laboral y de bajas laborales en aumento, una problemática que está complicando todavía más la gestión del personal en un sector sin relevo generacional.
La reducción unilateral de la jornada laboral ignora la diversidad de la economía
Uno de los reproches que hacen las organizaciones en su comunicado es que la medida se impone sin tener en cuenta la negociación colectiva sectorial y territorial que, durante décadas, ha servido para adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada oficio.
“No se está legislando pensando en el país real”, denunció Álvarez. “Se está imponiendo un modelo válido quizás para grandes fábricas o cadenas de montaje, pero no para el comercio de barrio ni para sectores de servicios como el nuestro. Y España es un país de servicios y de microempresas”.
Y lanzó una crítica que apunta al núcleo del sistema institucional: “Es muy sorprendente que quienes hablan de democracia y progresismo se salten todos los canales de negociación colectiva. Todo se legisla por Real Decreto. No se nos escucha. No tenemos capacidad de aportar”.
Álvarez aseguró que la situación actual ha llevado a la paradoja de que los propios emprendedores y autónomos tradicionales, que han trabajado toda su vida, se conviertan ahora en un nuevo grupo vulnerable. “Mis pescaderías y mis autónomos son hoy un sector vulnerable. Han trabajado muy duro, se han ganado lo que tienen, y ahora están en una situación de vulnerabilidad extrema”, lamentó.
El fondo del problema, según la portavoz de FEDEPESCA, es que las reglas del juego que se están dictando parecen hechas para grandes empresas y «se pretende que sólo sobrevivan las compañías con representación sindical fuerte y capacidad para absorber estos cambios. Pero eso no es toda la economía.”
La reducción de la jornada laboral, tal y como la plantea el Gobierno de forma generalizada e impuesta, puede ser inasumible para la mayoría de estos pequeños negocios. Esto llevó a Álvarez a aventurar que, de salir adelante, “cambiaremos por completo el paisaje del comercio español, y será irreversible”. Miles de pequeñas tiendas y cientos de miles de empleos dependen de este comercio tradicional de cercanía que, a la pérdida económica, sumará otra “social y de patrimonio gastronómico”, tal y como advierten los colectivos de detallistas de la carne, del pescado y los panaderos.
Los pequeños negocios no son optimistas pero confían en que el Congreso pare esta obligación
Las patronales están moviendo ficha en el terreno político y han solicitado reuniones urgentes con representantes del PSOE, PP e incluso con la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responsable de la medida. Aunque no se muestran muy confiadas en que se les concedan tras la falta de diálogo que ha mostrado el Gobierno en esta materia.
No obstante, desde FEDEPESCA aseguraron estar trabajando en Cataluña para tratar de convencer a Junts per Catalunya de que no apoye la medida. “Esa es nuestra esperanza ahora mismo”, señaló Álvarez, recordando que las organizaciones afectadas tienen presencia en todo el país e influencia en las principales patronales catalanas.
La directiva de la asociación que aúna a las pescaderías minoristas rechazó que se trate de una confrontación ideológica y se declaró “del partido de las escamas”, ya que la forma en que se quiere aplicar la reducción de jornada “no va de política, va de organización del país, de gestión democrática, de que las instituciones funcionen. Se está legislando sin consenso y sin diálogo”.
María Luisa Álvarez insistió en que el resultado de estas medidas llevará a una visión uniformadora de grandes multinacionales que ya existe en otros países, sin considerar que España está compuesta por un tejido de microempresas y que, en contraposición, el modelo de servicios requiere flexibilidad en lugar de rigidez normativa.
A la espera de saber si, finalmente, este proyecto gubernamental es refrendado por una mayoría parlamentaria, la directora de FEDEPESCA dejó una pregunta en el aire que invita a la reflexión: “¿Cómo vamos a animar a la gente a ser autónoma si se les penaliza por todas partes?”
