El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que introduce un cambio relevante en el sistema de atención a la dependencia: las prestaciones ya no serán incompatibles con el empleo, incluido el autoempleo o la actividad empresarial.
Como viene informando este medio, se trata de una medida largamente esperada por las entidades que representan a las personas con discapacidad y dependencia. Las cuales, hasta ahora, se veían forzadas a elegir entre tener una actividad profesional o conservar las ayudas necesarias para su autonomía.
El nuevo texto reconoce, entre otras cuestiones relacionadas con las propias prestaciones y la accesibilidad universal, que una persona puede trabajar parcialmente –incluso como autónomo– y, al mismo tiempo, necesitar apoyo para tareas esenciales de la vida diaria.
- Las personas con discapacidad ya no tendrán que elegir entre trabajar o recibir prestaciones
- La reforma plantea riesgos legales y contradicciones jurídicas
- ¿Quién asumirá los costes de esta reforma?
- La compatibilidad entre ayudas y trabajo autónomo dependerá de cada comunidad autónoma
- Los discapacitados quieren que se apruebe una nueva Ley del Empleo
Las personas con discapacidad ya no tendrán que elegir entre trabajar o recibir prestaciones
“Es una reforma que rompe con la lógica binaria que ha imperado hasta ahora”, explicó a este medio Daniel-Aníbal García Diego, secretario de Finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
Tal y como están diseñadas actualmente muchas prestaciones, García aclaró que “si trabajabas aunque fuese unas horas, podías perder ayudas vitales como la asistencia personal o la ayuda a domicilio. Era una trampa: si querías progresar profesionalmente, te arriesgabas a perder lo que te permitía mantenerte con dignidad”.
Según García, hay al menos tres tipos de apoyo que no deberían excluirse aunque la persona que los necesite esté trabajando por cuenta propia:
- La asistencia personal, que permite a muchas personas con dependencia organizar su día a día.
- La ayuda a domicilio, imprescindible para quienes tienen movilidad reducida o dificultades funcionales.
- Y las prestaciones económicas vinculadas a servicios o cuidados familiares, que no deberían anularse por el mero hecho de tener ingresos.
“El hecho de que una persona genere ingresos no elimina su necesidad de apoyo. No estamos hablando de duplicar ayudas, sino de adaptar el sistema a realidades más complejas y variables”, señaló el representante de Cocemfe.
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el principal órgano de representación del sector, calificaron este proyecto como “una reforma largamente esperada”, que permitirá avanzar hacia un esquema de protección más inclusivo. No obstante, también advirtieron que su aplicación efectiva dependerá de “la voluntad política y la dotación económica”.
La reforma plantea riesgos legales y contradicciones jurídicas
El abogado laboralista Jaume Barcons fue algo más precavido y recordó que se trata de un proyecto de ley que todavía puede ser enmendado, por lo que el texto final podría ser diferente al que el Gobierno remitió el pasado 15 de julio al Congreso e, incluso, podría no llegar a ver la luz.
Barcons, subrayó que lo que se conoce hasta ahora del proyecto implica riesgos de desequilibrio normativo, financiero y jurídico que puede generar un cambio legislativo mal articulado. “Permitir trabajar mientras se cobra una prestación por incapacidad o dependencia va contra la lógica del propio sistema, tal y como está hoy diseñado”, advirtió.
Este abogado laboralista recordó que los tribunales han venido reiterando en distintas sentencias que determinadas pensiones de incapacidad, como la absoluta o la gran invalidez, suponen la incompatibilidad con cualquier tipo de trabajo remunerado, incluso con actividades complementarias.
“El propio marco jurídico ha reforzado esa incompatibilidad en sus resoluciones. Si ahora la ley introduce una compatibilidad general sin reformar bien todo el sistema, entramos en un terreno de inseguridad jurídica evidente. Estaremos diciendo una cosa en la ley y otra en los juzgados”, alertó.
Para este experto, permitir que todas las prestaciones actuales puedan mantenerse junto al empleo, sin redefinir las categorías de incapacidad y sin modificar el modelo de evaluación médica, podría derivar en una paradoja legal: “Por un lado, se dice que una persona puede trabajar. Por otro, se la ha reconocido como incapacitada para todo tipo de actividad. Es una contradicción que puede terminar colapsando los tribunales”.
¿Quién asumirá los costes de esta reforma?
Barcons añadió que si se amplían derechos sin modificar los criterios de financiación, el mecanismo de protección puede volverse insostenible. “El sistema de dependencia se sostiene con recursos públicos. Si se amplía el número de beneficiarios sin más ingresos, ¿quién paga eso? Lo acabará asumiendo el propio tejido productivo, vía impuestos o cotizaciones”, reflexionó.
Por su parte, García expuso que “España tiene buenas leyes que luego no se aplican porque no se financian. Si esto queda solo como una declaración en el BOE, no servirá de nada” y aseguró que “no basta con permitir la compatibilidad: hay que garantizar que haya dinero suficiente para cubrir las nuevas situaciones que se reconocen”.
Ambos coincidieron en que sería un grave error trasladar este coste adicional a autónomos o pequeñas empresas, precisamente los que más dificultades tienen para adaptarse a los cambios normativos. En este sentido, García reivindicó que “la inclusión no puede ir a costa del pequeño. El coste lo tiene que asumir el sistema, no el empleador. Y para eso hace falta un modelo de financiación estable y suficiente”.
De hecho, para Daniel-Aníbal García Diego que también preside la Federación Empresarial de Asociaciones de Iniciativa Social (Igualis), las empresas no deberían preocuparse ya que “no se trata de una nueva obligación para el empleador, sino de permitir que una persona con discapacidad pueda tener un ingreso y mantener parte del apoyo que necesita. La ayuda no va a la empresa, va a la persona». Y puntualizó que «hay incentivos y subvenciones que pueden ayudar al pequeño negocio que contrata o colabora con alguien con discapacidad”.
García aprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento a que nadie deje de contratar a una persona con discapacidad “por miedo al papeleo o a un posible coste. Esto tiene que ser una oportunidad, no un problema”.
Además, recordó que no tiene sentido «enfrentar los derechos de los trabajadores con discapacidad con las obligaciones de los empleadores” ya que existen programas públicos que ayudan a adaptar puestos, a cubrir costes específicos y a facilitar la contratación inclusiva. “Hay herramientas, lo que falta es voluntad de aplicarlas bien y con agilidad”.
La compatibilidad entre ayudas y trabajo autónomo dependerá de cada comunidad autónoma
Otro de los puntos que pueden condicionar el nuevo texto legal es que mantiene la capacidad de las comunidades autónomas para regular sus propios regímenes de compatibilidad. Esto podría derivar en importantes desequilibrios territoriales, algo que preocupa a todos los agentes implicados.
“Podemos encontrarnos con que una persona con el mismo grado de dependencia tenga derechos diferentes según donde viva. Eso genera desigualdad e inseguridad jurídica”, advirtió Barcons. García coincidió en que “lo ideal sería que la ley básica marcara unos mínimos garantizados en todo el país. Las comunidades pueden mejorar, pero no restringir”.
Este punto será clave en la tramitación parlamentaria. El sector de la discapacidad ya ha anunciado que presentará enmiendas para garantizar la igualdad territorial y que no quede a criterio de cada autonomía permitir o no la concurrencia pues podría neutralizar la eficacia práctica de la norma.
Los discapacitados quieren que se apruebe una nueva Ley del Empleo
Por último, García destacó que los cambios que recoge esta iniciativa no son su única reivindicación. Desde el movimiento asociativo están trabajando en una nueva Ley del Empleo, en la que esperan introducir una estrategia específica para fomentar el autoempleo entre personas con discapacidad. “El empleo por cuenta propia es muchas veces la única vía para quien no encuentra oportunidades en el mercado tradicional. Necesitamos que se reconozca y se apoye de verdad”.
El actual proyecto de ley aún debe superar el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado. Será ahí donde se determinen aspectos clave como qué ayudas serán efectivamente compatibles, cómo se evaluarán los casos y qué comunidades la aplicarán de manera uniforme o restrictiva.
“Esperamos que esta reforma no se quede en un buen titular. Hay consenso político y sensibilidad social, ahora sólo falta voluntad presupuestaria”, resumió García.
