Alrededor de 2.000 veterinarios, muchos de ellos autónomos y pequeños empresarios, se concentraron el pasado miércoles 7 de mayo frente al Congreso de los Diputados para exigir una legislación realista que les permita ejercer su profesión con garantías.
La protesta, convocada “por y para veterinarios” de toda España, fue una muestra del profundo malestar que ha generado en el sector el Real Decreto 666/2023, una norma que regula desde el 2 de enero de 2025 la prescripción y uso de los medicamentos veterinarios y que, según denuncian los profesionales, ha sido redactada de espaldas al colectivo.
Según los manifestantes, el decreto compromete tanto la salud animal como la sanidad pública
“El decreto es injusto, desequilibrado y compromete tanto la salud animal como la sanidad pública”, expuso el manifiesto leído durante la concentración frente a la sede en la que se reúnen los representantes de la soberanía nacional. Los manifestantes, ataviados con batas blancas y pancartas, reclamaron un diálogo real con el Gobierno y denunciaron las trabas burocráticas y técnicas que impone una norma redactada sin tener en cuenta el día a día de la práctica clínica veterinaria.
A pesar de que hace meses solicitaron ser atendidos en el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para exponer los problemas a los que tienen que enfrentarse en su día a día, tras su concentración han logrado que el MAPA anuncie en un comunicado una «reunión en los próximos días».
Dicho encuentro sería con la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad alimentaria, Ana Rodríguez y las organizaciones colegiales veterinaria y farmacéutica, además de con la industria de fabricación de medicamentos veterinarios. A juicio de los veterinarios este planteamiento supone volver al punto de partida tras cinco meses de movilizaciones.
La prescripción y disponibilidad de medicamentos es clave para la atención de los animales
El descontento no es nuevo. Desde que se conocieron los detalles de la normativa que entró en vigor este año, la plataforma Vets Unidos y los colegios profesionales de veterinarios advirtieron del impacto negativo que esta norma tendría, sobre todo, en las pequeñas clínicas, donde la prescripción y disponibilidad de medicamentos es clave para la atención ágil y eficiente de los animales.
La mayoría de los veterinarios en España trabajan como autónomos o al frente de pequeñas clínicas, según datos del Consejo General de Colegios Veterinarios. Aproximadamente el 90% de los centros veterinarios son pymes, y una parte importe de sus profesionales son autónomos, lo que les convierte en un claro exponente del tejido empresarial de proximidad que sustenta buena parte del sistema de salud animal.
Para muchos de estos profesionales, el Real Decreto 666/2023 amenaza directamente la viabilidad económica de sus negocios, al dificultar el acceso a medicamentos esenciales, imponer cargas administrativas desproporcionadas y generar una inseguridad jurídica que pone en riesgo su actividad.
El decreto también hace peligrar la sanidad animal. “La sanidad animal es parte esencial de la salud pública. Sin una red de clínicas veterinarias funcionando correctamente, se debilita el control de zoonosis y se deteriora la vigilancia epidemiológica”, advirtieron desde el Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA).
Los profesionales reclamaron una legislación “basada en criterios técnicos y científicos” en lugar de una visión burocrática que, en la práctica, dificulta la aplicación de tratamientos rápidos y eficaces. En el manifiesto que se leyó en la carrera de San Jerónimo insistieron en que no se oponen a la regulación del medicamento veterinario, sino a una normativa “impuesta sin contar con los expertos”.
Ha sido una de las concentraciones más numerosas en la historia reciente del colectivo
La del 7 de mayo ha sido una de las concentraciones más numerosas en la historia reciente del colectivo. El éxito de convocatoria demuestra, según sus organizadores, que la unidad del sector es total frente a este decreto. Veterinarios de todas las especialidades, tanto rurales como urbanos, se desplazaron desde distintos puntos del país para exigir respeto y diálogo.
“No nos vamos a rendir. Seguiremos movilizándonos hasta que se revise esta norma y se garantice un ejercicio profesional digno”, afirmaron los portavoces del colectivo al finalizar del acto. Los veterinarios piden que se abra cuanto antes un proceso de revisión del Real Decreto 666/2023 con participación activa de los veterinarios clínicos, para construir una legislación útil, realista y que garantice tanto la salud pública como la sostenibilidad de las clínicas veterinarias.
El mensaje al Gobierno fue claro: “No se puede regular sin escuchar a los que trabajan cada día en el terreno”. Para lograrlo, desde la plataforma Vets Unidos y los colegios profesionales aseguraron que continuarán movilizándose con nuevas acciones hasta que sus demandas sean atendidas.
