El Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona ha emitido la primera sentencia en España que reconoce el derecho de un trabajador del sector privado a disfrutar de un permiso parental retribuido. La decisión podría traducirse en un nuevo coste inesperado para los autónomos con empleados –dos de cada tres–, al obligar por primera vez a una empresa a pagar el salario durante este permiso.
Se trata de una resolución sin precedentes, en la que el magistrado aplica de forma directa una directiva europea para corregir lo que considera una laguna del ordenamiento jurídico español. El fallo abre la puerta a reclamaciones similares que, si prosperan, obligarían a muchos pequeños negocios a asumir un gasto para el que no hay aún compensación pública prevista.
La decisión judicial se apoya en la Directiva 2019/1158 de la Unión Europea, que establece que todos los trabajadores deben tener derecho a un permiso parental retribuido o cubierto por una prestación adecuada. El plazo para incorporar esa norma al derecho español expiró en agosto de 2024 sin que el legislador nacional haya adaptado aún la legislación interna.
- La sentencia obliga a los negocios a retribuir a sus empleados durante dicho permiso
- El retraso legislativo ha obligado a la intervención directa de los jueces para suplir la omisión
- El experto no descarta que se abra debate sobre si los autónomos merecen similar compensación pública
- Podrían llegar más demandas individuales a los tribunales
La sentencia obliga a los negocios a retribuir a sus empleados durante dicho permiso
Según la sentencia, el artículo 45.1 n) del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la suspensión del contrato por permiso parental, entra en conflicto con el artículo 8.3 de la citada directiva. Este último impone la obligación de establecer un régimen de retribución o prestación económica adecuada durante dicho permiso, algo que la norma española no prevé en la actualidad.
El fallo ha sido dictado por el magistrado Pedro Tuset del Pino, quien concluyó que debe aplicarse directamente el derecho europeo, para garantizar el efecto útil de la directiva, y ordena a la empresa demandada a reconocer la retribución correspondiente al periodo de permiso parental solicitado por su trabajador.
El caso ha generado un intenso debate jurídico, ya que abre la puerta a que otros tribunales adopten decisiones similares en situaciones comparables. Aunque no sienta jurisprudencia en sentido estricto, expertos como Omar Molina, director del Área Laboral de Augusta Abogados, consideran que puede marcar un punto de inflexión en el tratamiento del permiso parental en España.
En su opinión, no se trata de un caso aislado, sino de un primer paso hacia la corrección de un incumplimiento legal. Según comentó Molina a este diario, “por primera vez, un juzgado del orden social aplica de forma directa y efectiva la Directiva 2019/1158 en el ámbito privado, reconociendo el carácter retribuido del permiso parental pese a que la legislación española aún no lo contemple expresamente”.
España debía haber incorporado esta norma europea antes del 2 de agosto de 2024. Desde entonces, el permiso parental recogido en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores sigue sin garantizar ninguna retribución, ni prestación específica, lo que supone, en palabras del abogado, “un claro déficit de transposición”.
El retraso legislativo ha obligado a la intervención directa de los jueces para suplir la omisión
Este protagonismo judicial está previsto en el propio derecho europeo, cuando un Estado miembro incumple sus obligaciones. En este contexto, se espera que otras reclamaciones individuales puedan prosperar si se basan en la misma argumentación. “Lo relevante no es solo la sentencia en sí, sino el precedente práctico que marca para otros juzgados del orden social”, advirtió Molina.
El asunto adquiere especial relevancia para los autónomos y los pequeños negocios que tienen trabajadores contratados. Si se consolida esta interpretación judicial, los empleadores tendrán que asumir el coste salarial del permiso parental, incluso en ausencia de una compensación pública.
Para Molina, “los pequeños negocios y autónomos con trabajadores a cargo se verían obligados a asumir un coste salarial adicional, sin que exista todavía una compensación pública habilitada”. En ese escenario, la carga recaería directamente sobre el tejido empresarial más vulnerable, generando un problema de sostenibilidad económica en muchas actividades.
Este nuevo enfoque judicial también plantea incógnitas sobre los derechos de los propios trabajadores por cuenta propia. Y es que, aunque el ordenamiento español no prevé actualmente un permiso parental retribuido para los autónomos, la Directiva europea no distingue entre tipos de trabajadores. “El debate sobre el acceso de los autónomos a este derecho está todavía por abrir, pero el marco europeo permite plantearlo”, sostuvo el abogado.
El experto no descarta que se abra debate sobre si los autónomos merecen similar compensación pública
“La Directiva reconoce el derecho individual de toda persona trabajadora a disfrutar de un permiso parental retribuido”, señaló Omar Molina. A falta de desarrollo normativo en España, cabría plantear incluso una reclamación patrimonial contra la Administración por incumplimiento de la normativa europea.
Sería un proceso complejo, admite el experto, pero jurídicamente hay base para explorarlo. Lo relevante es que, por primera vez, un juzgado ha dado un paso en esa dirección. Lo que puede provocar un efecto dominó en otras jurisdicciones laborales del país.
La sentencia también ha reavivado el debate sobre la necesidad de avanzar en la conciliación corresponsable, una de las metas de la Directiva 2019/1158. Este objetivo incluye no sólo ampliar el acceso al permiso parental, sino garantizar que su ejercicio no suponga una penalización económica para quien decide acogerse a él.
Hasta ahora, el permiso parental era de difícil aplicación práctica en el sector privado, ya que suponía una suspensión del contrato sin sueldo, lo que disuadía a muchas personas de ejercer su derecho. La decisión del juzgado barcelonés cambia ese marco y lo aproxima al modelo que la UE considera adecuado para favorecer la igualdad y el reparto de responsabilidades.
La empresa condenada puede recurrir la sentencia, lo que abriría la puerta a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revise el caso. Si este tribunal ratifica la interpretación, aumentará la presión sobre el legislador para adaptar la normativa estatal y evitar nuevas condenas basadas en el incumplimiento europeo.
Podrían llegar más demandas individuales a los tribunales
Un incremento de demandas forzaría a las empresas a replantearse sus protocolos internos en materia de permisos familiares y podría generar incertidumbre jurídica mientras no haya una solución normativa clara.
En una coyuntura actual, en la que el coste medio por trabajador ya supera los 3.000 euros mensuales, asumir un permiso parental retribuido sin apoyo público puede suponer un problema añadido para muchos autónomos con asalariados; sobre todo aquellos que tienen plantillas reducidas.
Y es que, como ya explicó este diario, los costes laborales aumentaron un 5,4% en 2023 y alcanzaron máximos históricos en 2024, superando los 36.000 euros brutos anuales por trabajador, por lo que una nueva obligación salarial, sin compensación pública, podría agravar aún más la presión económica sobre los empleadores.
Por el momento, se trata de una sentencia individual, pero sus repercusiones pueden ir mucho más allá del caso concreto. Para los autónomos empleadores, implica estar atentos a futuros cambios normativos o a reclamaciones que podrían afectar su estructura de costes laborales.
También se abre un frente nuevo para las organizaciones empresariales y sindicatos, que tendrán que abordar esta cuestión en la negociación colectiva o en futuras mesas de diálogo social.
