Ultimátum del Ministerio de Trabajo a la patronal de empresarios y los sindicatos para aprobar la reducción de la jornada laboral en España. El Gobierno trasladará el próximo lunes 29 de octubre su propuesta de ofrecer ayudas a los pequeños negocios de algunos sectores, como las peluquerías y el comercio, a cambio de reducir el tiempo máximo de trabajo para cada empleado de 40 a 37,5 horas semanales.

El Ministerio de Trabajo avisó este miércoles que esta propuesta de ayudar a algunos autónomos y microempresas como compensación a la reducción de jornada va a ser la «última oferta» que hará el Gobierno a los agentes sociales. Y se aprobará «con o sin acuerdo». En otras palabras, el Ejecutivo estaría dispuesto a saltarse el diálogo social para acabar aprobando por primera vez en la historia una reforma del Estatuto de los Trabajadores sin consenso con los agentes sociales. 

Así lo avanzó el pasado miércoles el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey: «lo que se hará en la próxima mesa del día 29 es lanzar la última oferta». Según anunció el número dos de Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo forzará el consenso en esta próxima reunión para que la patronal y los sindicatos digan «de una vez si esto vale o no para llegar a un acuerdo». 

Todo ello, en un contexto en el que la CEOE y otras organizaciones representativa de los autónomos y empresarios como CEPYME o ATA ya avisaron del impacto que podría suponer esta reforma para los negocios más pequeños. Las primeras ofertas, consistentes en una bonificación a los contratos, no fueron suficientes para las patronales, puesto que reducir las cotizaciones por contratar a empleados no sería una vía para reducir los costes de la mayoría de actividades. Y ahora, es probable que estas ayudas directas, que se ciñen sólo a algunos sectores, dejen de lado a muchos otros negocios que también se verían afectados por la rebaja de la jornada.

Trabajo amenaza con aprobar la reducción de la jornada «con o sin acuerdo» con los agentes sociales

Sea como sea, la intención del Ministerio de Trabajo es aprobar antes de que termine 2024 la normativa para reducir la jornada máxima, primero a 38,5 y luego a 37,5 horas semanales. De hecho, Joaquín Pérez Rey, avisó que «haya o no haya acuerdo» en esta próxima reunión del lunes, el Gobierno «va a cumplir con su compromiso» de reformar el Estatuto de los Trabajadores para reducir el tiempo de trabajo.

De hecho, como ya avanzó en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ésta sería ya «la recta final” de la negociación y «vamos a reducir la jornada laboral». Aunque los trámites parlamentarios parecen complicar la entrada en vigor de esta norma para final de año, la ministra avisó que aprobará el anteproyecto de Ley por vía urgente.  Además, esto se quiere llevar a cabo con el mismo calendario que se estableció en un primer momento: la primera fase para 2024 y la segunda para 2025.

Según confirmaron distintos abogados laboralistas, la celeridad para aprobar la norma dependerá de si ésta se tramita como Real Decreto o como Proyecto de Ley. José Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmó que “parece difícil saber cuándo entrará en vigor exactamente esta medida, siendo que no hay acuerdo. Y, en cualquier caso, la reforma podría llevar distintos cauces”.

Cambiar la obligación del registro de jornada supondría reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este deber. Para ello, según Piñero, habría dos posibles cauces: el primero sería mediante Real-Decreto Ley, que suele ser el más rápido, pero que en principio sólo se debería usar en casos de necesidad y urgencia.

Ahora parece que la ministra ha dejado claro que será por vía de anteproyecto de Ley que, habitualmente, suele tardar entre seis meses y un año en entrar en vigor. Pero al tramitarse por vía de urgencia, según confirmaron distintos expertos , se podrían acortar los plazos considerablemente.

«Última propuesta» del Gobierno: ayudas directas para cuatro sectores de autónomos

Como ya avanzó este diario, el Ejecutivo dio a conocer esta semana lo que sería la «última propuesta» para acercar a la patronal al acuerdo para reducir la jornada máxima en nuestro país.  

La medida consistiría en subvenciones destinadas a los autónomos y negocios de algunos sectores. En un principio, cobrarían estas ayudas-cuya cuantía todavía no ha trascendido- aquellas actividades que tengan cinco o menos empleados en plantilla. Es decir, tan solo trabajadores por cuenta propia y algunas microempresas.

Además, estas nuevas ayudas directas irían solamente destinadas a cuatro sectores de actividad, que serían el comercio, la hostelería, la limpieza y las peluquerías. Si bien es cierto que estos negocios podrían ser los más afectados por la reducción de la jornada, según explicaron fuentes del Consejo General de Economistas (CGE), la rebaja de horas supondría también «la puntilla» para «otras muchas actividades como los talleres, los transportistas y demás empresas vinculadas». 

 Las ayudas tendrían que superar los 150 euros al mes para compensar el sobrecoste

Según el Estatuto de los Trabajadores, la cuantía a percibir por cada hora extra “no podrá ser en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria”, aunque numerosos convenios colectivos establecen un recargo sobre esta cantidad. Por ejemplo, un 50% más del valor de la hora ordinaria.

Siguiendo este ejemplo, un asalariado que cobre el salario medio en 2024, que ronda los 2.100 euros, percibiría una media de 20 euros por cada hora extra. En el supuesto de que el negocio quisiera cubrir exactamente las dos horas que se rebajaría la jornada de cada trabajador semanalmente, debería pagar ocho horas extra mensuales. O, lo que es lo mismo, una media de 160 euros más para cubrir ese tiempo de un solo empleado.

Por lo tanto, para que estas ayudas directas compensaran realmente el sobrecoste asumido por los negocios más pequeños, tendrían que consistir en una cuantía de en torno a 160 euros al mes o cerca de 2.000 euros al año por trabajador.