El Ministerio de Trabajo habría lanzado esta semana un ultimatum a la patronal para que autónomos y empresas acepten reducir la jornada a 37,5 horas semanales a cambio de unas supuestas ayudas que tendrían únicamente negocios de cinco sectores concretos con menos de cinco trabajadores. De negarse las organizaciones de autónomos y empresas a este imperativo, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, impulsará esta medida para que se apruebe unilateralmente en el Gobierno.
Ahora, este diario digital, ha podido saber que, mientras todo el mundo pensaba que esta «compensación» a miles de negocios por los costes de contratar un nuevo empleado si se reducía la jornada, ayer se desveló que estas subvenciones serían, en realidad, nuevas líneas del Programa Kit Digital y Kit Consulting para instalar una página web o recibir asesoramiento tecnológico.
Según fuentes cercanas a la mesa de negociación, lejos de tratarse de ayudas económicas para, por ejemplo, sufragar las cotizaciones sociales de los nuevos empleados que necesitarán los pequeños negocios para cubrir la reducción de jornada, la medida consistiría en realidad en un «bono digital» que los trabajadores por cuenta propia sólo podrán gastar en determinadas soluciones tecnológicas. Servicios que, a pesar de ser muy importantes para el colectivo, muy lejos quedarían de los 6.000 euros en metálico que prometía el Ministerio de Trabajo para cubrir el sobrecoste de la reducción de jornada..
Y aunque el Gobierno prometió en un principio estas ayudas de 6.000 euros, fuentes cercanas a la negociación también advirtieron que el presupuesto no daría para tal cantidad. Tanto para el Kit Digital como para el Kit Consulting se habrían previsto una inyección adicional de 187,5 millones de euros para cada programa, lo que daría un total de 375 millones de euros. Este importe dividido para los 470.000 autónomos y empresas que pretende alcanzar el Ejecutivo resultaría en menos de 900 euros por beneficiario.
Por si esto fuera poco, denunciaron las mismas fuentes consultadas, la propuesta trasladada a la patronal como «ultimatum» para aprobar la reducción de jornada prevería además que sólo cinco sectores puedan acceder a esta medida. Eso sin contar que los beneficiarios del bono digital tendrían además que adelantar el 21% de IVA de las ayudas.
Con esta medida, el Ministerio de Trabajo confía en atraer a la patronal para lograr un acuerdo tripartito. Cuestión que, en un principio, parece difícil de conseguir. De hecho, el propio secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, ya advirtió esta semana que «somos poco optimistas» de que pueda haber un acuerdo por las tres partes. Y de no haberlo, las organizaciones sindicales también se descolgarían de la negociación.
Trabajo amenaza con aprobar la reducción de jornada sin acuerdo con la patronal
El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ya avisó la semana pasada de que esta propuesta, que ahora se ha sabido que consiste en bonos digitales, iba a ser la «última oferta» que haría el Gobierno a los agentes sociales. Y que la reducción de jornada se aprobará «con o sin acuerdo». En la misma línea, Pérez Rey volvió a insistir tras la reunión de esta semana con todavía -si cabe- más contundencia: el acuerdo tiene que llegar antes de final de año y «bajo ningún concepto nos vamos a comer las uvas en esa mesa”.
En otras palabras, el Ejecutivo estaría dispuesto a saltarse el diálogo social para acabar aprobando una reforma del Estatuto de los Trabajadores sin consenso con los agentes sociales. A cambio de esta reducción, se propondrían dos nuevos programas de ayudas que ya existen: el Kit Digital y el Kit Consulting. Los beneficiarios serían negocios de hasta 5 empleados de los sectores de hostelería, comercio, agricultura, peluquerías y limpieza, por tratarse, a juicio del Ejecutivo, de los sectores con mayores dificultades en términos de productividad.
En el caso del Programa de Kit Digital la única novedad que se habría propuesto es una ampliación del plazo y la posibilidad de que los negocios que ya hayan disfrutado del bono digital puedan volver a acceder para financiar con el bono un programa de registro de jornada electrónica. Que, por cierto, también se impondría a través de la nueva ley de reducción de jornada.
Por lo demás, esta subvención consistiría en lo mismo que el resto de líneas de Kit Digital: un bono con el que el negocio podría pagar a un agente digitalizador y con el que debería adelantar un 21% de IVA en el momento en el que se preste la primera parte del servicio.
En cuanto al Kit Consulting, lo único que ganarían las microempresas y autónomos es «acceso» a las mismas líneas que ya tienen las pequeñas y medianas empresas de más de diez empleados.
Esta última ya sería la propuesta definitiva por parte del Ministerio de Trabajo, que está dispuesto a aprobar la reducción de jornada por ley sin el beneplácito de los agentes sociales, desde las patronales CEOE y CEPYME, hasta los sindicatos UGT y CCOO.
Es más, Pérez Rey también advirtió de que si la CEOE no se suma al acuerdo para reducir por la jornada laboral semanal hasta las 37,5 horas, algunas de las propuestas que se han hecho desde Trabajo para atraerla al acuerdo podrían desaparecer.
La patronal se inclina por el «no» y los sindicatos tampoco suscribirían el acuerdo
A pesar de este ultimatum, cada vez parece más complicado que la patronal y los sindicatos suscriban el acuerdo. De hecho, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, advirtió esta semana que estarían valorando la medida pero que «sólo se aceptará la propuesta si hay acuerdo tripartito. Y no somos nada optimistas con que lo haya».
Aunque CEOE no ha hecho pública su respuesta definitiva, parece que desde la patronal se decantarían por rechazar la propuesta el próximo lunes 11. Más allá de que las subvenciones no son en realidad ayudas directas y no compensan el coste de reducir la jornada, a juicio de los empresarios, la rebaja debería aprobarse en todo caso mediante convenio colectivo, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y no por Ley.
Trabajo quiere aprobar la reducción de jornada por “vía urgente”
Al margen de la negociación, como ya avanzó este diario, la intención del Ejecutivo sigue siendo alcanzar “cuanto antes” el acuerdo para reducir la jornada, primero a 38,5 horas y luego a 37,5. Y además, hacerlo mediante mecanismos legales más ágiles.
Aunque los trámites parlamentarios parecen complicar la entrada en vigor de esta norma para final de año, la ministra avisó que aprobará el anteproyecto de Ley por vía urgente.
Según confirmaron distintos abogados laboralistas, la celeridad para aprobar la norma dependerá de si ésta se tramita como Real Decreto o como Proyecto de Ley. José Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), afirmó que “parece difícil saber cuándo entrará en vigor exactamente esta medida, siendo que no hay acuerdo. Y, en caso de haberlo, la reforma podría llevar distintos cauces”.
En cualquiera de los casos, cambiar la obligación del registro de jornada supondría reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este deber. Para ello, según Piñero, habría dos posibles cauces: el primero sería mediante Real-Decreto Ley, que suele ser el más rápido, pero que en principio sólo se debería usar en casos de necesidad y urgencia.
Ahora parece que la ministra ha dejado claro que será por vía de anteproyecto de Ley que, habitualmente, suele tardar entre seis meses y un año en entrar en vigor. Pero al tramitarse por vía de urgencia, según confirmaron distintos expertos , se podrían acortar los plazos considerablemente.
