- Tres de cada cuatro pymes quieren crecer pero no pueden por las cargas y exigencias legales
- Nuevas obligaciones de las pymes al alcanzar el empleado número 50
El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME) presentaron este jueves el Informe pyme 2025, un estudio elaborado al alimón por ambas entidades para hacer una radiografía de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta a directivos de 634 pymes españolas, concluye, entre otras cosas, que las cargas laborales, los costes y las nuevas obligaciones son el principal factor que impide a los pequeños negocios dar el salto y convertirse en empresas de mayor tamaño.
De hecho, según el estudio de los economistas, casi un 75% de las pequeñas empresas está muy interesada en seguir creciendo y aumentar de tamaño. El problema, como ya avanzó este diario y confirmaron las pymes encuestadas, es que hay más de una decena de obligaciones que impiden a la mayoría de negocios alcanzar la conocida como «cifra mágica del empleado 50». Algo que ocurre también al sobrepasar el umbral de los 250 empleados, momento en el que las empresas pasan de ser medianas a ser consideradas grandes compañías, con todo lo que ello implica.
Las exigencias que afrontan los empresarios en estos casos incluyen el cumplimiento de nuevas normas, como podría ser la obligación de implementar un plan de igualdad. Y conlleva además un impacto económico muy significativo, con nuevos desafíos a nivel de gestión y riesgos legales.
Tres de cada cuatro pymes quieren crecer pero no pueden por las cargas y exigencias legales
Durante la presentación del informe, el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, indicó que “como todos sabemos, las pymes representan el 99,8% de nuestro tejido empresarial y generan seis de cada diez empleos. Por lo que el incremento de su tamaño y de su productividad no es, ni puede ser, solo un objetivo económico más, sino un imperativo clave, urgente diría yo, para asegurar la competitividad y la estabilidad social de nuestro país en un contexto global incierto”.
Además, remarcó que “el informe de este año nos muestra claramente que la excesiva burocracia, la fragmentación regulatoria y las dificultades de acceso a la financiación siguen actuando como unos pesados lastres”. De hecho, apuntó el presidente de CGE, según el propio Banco de España, cada incremento del 10% en nuevas regulaciones puede reducir en un 0,5% el empleo en empresas de menos de 10 trabajadores. «Si queremos que nuestras pymes puedan competir en igualdad de condiciones, necesitamos un marco más ágil, estable y orientado al crecimiento», señaló Miguen Ángel Vázquez.
A pesar de todas las trabas que existen para pasar del empleado 49 al 50, es decir, de pequeña a mediana empres, o del trabajador 249 al 250 –de mediana a gran compañía–, lo cierto es que la mayoría de negocios sí quieren crecer, pero ven cargas y factores externos que se lo impiden.
Como se puede ver en la imagen a continuación, en una escala del 1 al 10, el interés en aumentar su tamaño por parte de los negocios va del 7,41 (microempresas) al 7,60 (de las pequeñas empresas).
En cuanto a los sectores, el interés es muy similar, siendo las actividades de comercio las que más interesadas estarían en aumentar su tamaño.
Trabas que ven las pymes para aumentar su tamaño
Una de las principales conclusiones del estudio es que las nuevas obligaciones laborales que asumirían las pymes al crecer, o la presión fiscal son los principales motivos que les impiden aumentar el tamaño.
Según el informe, las pymes identifican como principales barreras para su crecimiento las normativas laborales y cargas sociales (con una puntuación de 4,17 sobre 5), las obligaciones fiscales (4,10 sobre 5) y la burocracia y trámites (4,02). Entre los factores institucionales, pesan el clima político e institucional (3,73/5), las ayudas públicas a la inversión (3,68/5) y el sistema financiero (3,26/5). Las regulaciones medioambientales reciben 3,53/5 en promedio y suben en industria (3,86/5) y construcción (3,60/5).
Nuevas obligaciones de las pymes al alcanzar el empleado número 50
Una de las principales preocupaciones de los pequeños negocios es alcanzar el empleado número 50, puesto que esto supone un aumento importante en el número de obligaciones a las que tienen que hacer frente estas empresas. Desde planes de igualdad hasta auditorías salariales, las nuevas obligaciones implican planificación, diálogo social y un mayor coste operativo.
Plan de Igualdad y auditoría retributiva
La Ley Orgánica 3/2007 y su desarrollo reglamentario de 2020 obligan a las pymes a negociar un Plan de Igualdad con los representantes de los trabajadores o los sindicatos. Este documento requiere un diagnóstico previo y una auditoría salarial para garantizar la equidad entre mujeres y hombres. Además, debe inscribirse en el registro oficial (Regcon) y establecer medidas concretas en materia de retribución, promoción, formación y conciliación.
Protocolo LGTBI y medidas antidiscriminación
A partir de este umbral, las empresas deben implantar un plan LGTBI antes del 10 de abril. Este debe incluir protocolos frente al acoso o discriminación por orientación sexual o identidad de género, formación específica para la plantilla y acciones de sensibilización para crear entornos laborales inclusivos.
Canal interno de denuncias
También es obligatoria la creación de un canal interno confidencial para comunicar irregularidades, garantizando la protección del denunciante frente a posibles represalias. El sistema debe contemplar plazos claros de respuesta y seguimiento.
Inclusión laboral y discapacidad
La ley exige reservar un 2% de la plantilla a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Este requisito puede cumplirse mediante contratación directa o medidas alternativas, como acuerdos con centros especiales de empleo o aportaciones a fundaciones vinculadas al empleo inclusivo.
Comité de empresa y diálogo social
El aumento de personal exige promover la elección de representantes legales y constituir un comité de empresa, reforzando así la participación y la comunicación entre dirección y trabajadores.
Más estructura y profesionalización
El crecimiento conlleva una gestión más compleja de recursos humanos. Las pymes deben incorporar perfiles especializados y asesoramiento jurídico laboral, además de adaptar su cultura corporativa para mantener la cohesión interna.
Impacto económico y riesgos legales
El cumplimiento normativo supone costes adicionales en formación, consultoría y sistemas de control. No hacerlo puede salir caro: las sanciones por incumplimiento van desde 750 euros por infracciones leves hasta 225.018 euros por muy graves, además de posibles reclamaciones judiciales, pérdida de contratos y daño reputacional.
