- El tribunal da la razón a las patronales que denunciaban un concurso diseñado para excluir a las pymes
- Las pymes temían convertirse en simples subcontratistas de la nueva empresa de Renfe
La polémica por el proyecto de Renfe para crear una empresa mixta de autobuses que prestase los servicios alternativos, cuando se interrumpiera la circulación ferroviaria, ha dado un giro definitivo. Después de que. hace unas semanas. la Justicia suspendiera cautelarmente la licitación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decidido ahora anular varias de sus cláusulas principales que afectaban a las pymes y obligar a reiniciar el procedimiento.
La resolución supone una importante victoria para las pequeñas y medianas empresas del transporte de viajeros por carretera, que llevaban meses denunciando que el diseño del concurso favorecía únicamente a un reducido grupo de grandes compañías y dejaba fuera a la práctica totalidad del tejido empresarial del sector, formado mayoritariamente por autónomos y pymes.
En concreto, el tribunal ha estimado los recursos presentados por la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), ordenando la retroacción del procedimiento del denominado Acuerdo Marco de Servicio de Transporte Alternativo por Carretera, mediante el que Renfe pretendía seleccionar un socio privado para constituir esta nueva sociedad.
El tribunal da la razón a las patronales que denunciaban un concurso diseñado para excluir a las pymes
La resolución del TACRC supone un duro revés para el modelo planteado por Renfe. Según explicaron Anetra y Fenadismer tras conocer el fallo, el tribunal ha respaldado los principales argumentos que ambas organizaciones venían defendiendo desde que se publicó la licitación.
Entre otros aspectos, el órgano administrativo aprecia la falta de justificación de la necesidad de crear una nueva sociedad, cuestiona que Renfe no dividiera el contrato en lotes para favorecer la concurrencia de un mayor número de empresas y considera desproporcionados algunos de los requisitos de solvencia económica exigidos a los licitadores.
Asimismo, también pone el foco en las limitaciones impuestas a las agrupaciones de empresas, la duración prevista del contrato, determinadas carencias de transparencia en el desglose económico del servicio y otros aspectos procedimentales que, según las patronales, restringían injustificadamente la competencia.
Las asociaciones aseguraban que sólo una decena de empresas podía cumplir los requisitos
Las críticas de las organizaciones empresariales comenzaron ya cuando Renfe publicó los pliegos del concurso. Como publicó este diario en su momento, la empresa ferroviaria planteaba seleccionar un único gran operador privado con el que constituir una sociedad destinada a gestionar los autobuses que sustituyen temporalmente a los trenes durante obras, incidencias o cortes de línea.
Sin embargo, las condiciones exigidas para participar en el procedimiento fueron calificadas por buena parte del sector como prácticamente inalcanzables para las pequeñas empresas. Entre otros requisitos, se exigía disponer de una flota mínima de 500 autobuses, acreditar una facturación de al menos 75 millones de euros durante los tres últimos ejercicios y contar con presencia obligatoria en varias comunidades autónomas estratégicas.
Según explicó entonces a Autónomos y Emprendedores Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, estas exigencias dejaban fuera a prácticamente todo el tejido empresarial del transporte discrecional. De las más de 2.000 empresas que operan actualmente en España, apenas una decena reunía las condiciones exigidas por Renfe.
Precisamente ese fue uno de los principales argumentos defendidos por Anetra y Fenadismer durante todo el proceso. Ambas organizaciones sostuvieron que el diseño del concurso expulsaba directamente al 99% de las empresas del sector, compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas familiares, microempresas y autónomos.
Las pymes temían convertirse en simples subcontratistas de la nueva empresa de Renfe
Más allá de las exigencias económicas, el sector venía alertando también del impacto que tendría este nuevo modelo sobre la competencia.
Confebus explica que las empresas locales seguirían siendo imprescindibles para cubrir los servicios cuando se produjeran incidencias ferroviarias en municipios pequeños o zonas rurales. Sin embargo, en lugar de contratar directamente con Renfe, pasarían a depender de la nueva sociedad creada por la operadora pública.
En la práctica, ello supondría que miles de pequeñas empresas dejarían de negociar directamente las condiciones económicas del servicio y tendrían que aceptar los precios fijados por esa empresa intermedia, reduciendo notablemente sus márgenes y su capacidad de negociación.
Las patronales defienden que la resolución protege la libre competencia y la supervivencia de miles de pequeños negocios
Tras conocer el fallo, tanto Anetra como Fenadismer celebraron la decisión del tribunal, calificándola como «una victoria de la legalidad, de la libre competencia y de la supervivencia de las pymes y microempresas españolas».
Las asociaciones consideran que la resolución evita que un mercado valorado en cerca de 1.000 millones de euros quede concentrado en manos de un número muy reducido de grandes operadores, en detrimento de miles de pequeñas empresas que actualmente prestan estos servicios en todo el territorio nacional.
En el sector recuerdan además que el transporte discrecional de viajeros en España se caracteriza precisamente por su fuerte implantación territorial. Según datos de Fenadismer, alrededor del 60% de las cerca de 2.700 empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera son microempresas con menos de diez autobuses, lo que hace especialmente difícil que puedan competir en concursos con requisitos de gran operador.
La resolución del TACRC no supone el archivo definitivo del proyecto, pero sí obliga a Renfe a rehacer buena parte de la licitación si pretende seguir adelante con la creación de esta empresa de autobuses. A partir de ahora, la operadora pública deberá decidir si modifica los pliegos para facilitar una mayor participación de pequeñas y medianas empresas o si plantea un modelo diferente que respete los principios de libre competencia señalados por el tribunal.
