Aunque el Gobierno había descartado la implantación de más peajes en las autovías y autopistas, lo cierto es que ha aprobado un Real Decreto que, en realidad -trasposición de la Directiva (UE) 2022/362- que introduce el principio de “quien contamina, paga” y que ha hecho saltar las alarmas entre transportistas, comerciales y otras actividades que emplean la carretera como medio de vida.
Y es que la normativa abre la puerta a que, en futuros trazados, se incluyan costes adicionales por congestión y emisiones de CO2. Pues las concesionarias no cejan en su empeño para que las vías de alta capacidad sean de pago por uso.
La decisión de no establecer peajes responde a la presión del sector del transporte y al compromiso adquirido en 2021 con los transportistas. Sin embargo, las concesionarias han presionado durante años, argumentando que los costes de mantenimiento son insostenibles sin una fuente de financiación directa. El nuevo marco normativo mantiene la red de autovías y autopistas actuales sin cambios, pero fija criterios que podrían encarecer las tarifas en concesiones futuras.
Crece la preocupación entre los transportistas autónomos y los agentes de comercio
Jorge Martín Serrano, presidente de ATA Aragón, vicesecretario general de la organización y Coordinador de la Sectorial de Transporte, alertó a este diario de que el impacto que pudiese ocasionar en el sector “será difícil de absorber”. Este transportista con más de tres décadas de profesión a sus espaldas, recordó que el 98% de los transportistas son autónomos que, o tienen un pequeño negocio con menos de cinco camiones o trabajan directamente con un solo vehículo. “Y cualquier aumento de costes resulta difícilmente asumible, porque es complicado repercutirlo en el precio del servicio”.
Por su parte, Víctor González, presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), confirmó a AyE que el sector logró en su momento que el Gobierno renunciase a los peajes, pero “habrá que seguir el asunto con cautela, ante posibles cambios en el futuro”. Y es que, según González, “a veces nos hemos llevado sorpresas con la normativa. Por lo que habrá que revisar bien el texto recién aprobado”.
Porque, en su opinión, si en algún momento se aplicaran gravámenes a las vías de alta capacidad, deberían ser de carácter voluntario y con bonificaciones para los transportistas.
En todo caso, la posibilidad de que las tarifas de peaje incluyan costes ambientales genera dudas sobre su impacto real en la competitividad de los autónomos. “El problema es que el transporte pesado está siendo señalado como el único responsable de las emisiones, cuando en realidad es el modelo logístico más eficiente”, argumentó González. Y desde Fetransa insistieron en que, si se establecen tarifas medioambientales, “deberían aplicarse a todos los vehículos y no solo al transporte de mercancías”.
En algunas provincias, como Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, ya existe el pago por kilómetro
Serrano confirma que cualquier encarecimiento de la tarifa viaria tendría un impacto inmediato en los costes. Calcula que un transportista que opere sólo en rutas nacionales gasta en torno a los 600 euros al año en peajes, mientras que en rutas internacionales la cifra es mucho mayor. “Si a eso le añadimos posibles subidas por criterios de emisiones o congestión, el impacto sobre el pequeño transportista podría ser devastador”, advirtió.
La sombra de los peajes obligatorios sigue presente. En 2023, el Ejecutivo ya estudió imponer tarifas en las autovías, lo que generó un fuerte rechazo entre los transportistas. En algunas comunidades como Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, ya existen sistemas de pago por kilómetro, que afectan directamente al transporte pesado. González advierte de que si se generalizan este tipo de medidas, serían un agravio comparativo, porque “los autónomos perderán competitividad frente a las empresas más grandes”.
La sostenibilidad de la flota de camiones es otro de los grandes debates en el sector. La nueva normativa podría actuar como una amenaza o un incentivo para la renovación de vehículos hacia modelos menos contaminantes. “Estamos en el filo de la navaja”, aseguró Serrano, quien reconoce que la transición hacia combustibles más limpios supone un gran coste adicional que el autónomo difícilmente puede asumir. En este sentido, para Fetransa, cualquier medida en esta línea debe ir acompañada de ayudas públicas y medidas compensatorias que eviten que los pequeños transportistas sean los más perjudicados.
Aunque no sólo los transportistas se ven afectados por estos cambios en la tarificación viaria. Los profesionales de la venta, que dependen del coche para visitar clientes, también temen un encarecimiento del coste de sus desplazamientos. Este colectivo ya sufre el impacto del aumento del precio de los combustibles y de las restricciones a la circulación en algunas ciudades, por lo que cualquier modificación en la tarificación de infraestructuras podría perjudicar aún más su actividad.
En Francia y Alemania se aplican modelos basados en las emisiones de los vehículos
En otros países europeos, como Alemania y Francia, ya se aplican modelos de tarificación basados en las emisiones de los vehículos. En la Autobahn, la red de autopistas germanas, la tasa del sistema de peajes se ajusta en función de la tecnología del motor, premiando a los camiones menos contaminantes. Por su parte, en la red de carreteras gala, los transportistas han protestado contra estas medidas, argumentando que el coste extra termina repercutiendo en los precios finales y afecta a la competitividad de los autónomos y sus pequeños negocios de transporte.
La presión de las concesionarias sigue latente, y no es descartable que en los próximos años se vuelva a abrir el debate sobre los peajes. En España, algunos expertos advierten de que el mantenimiento de las infraestructuras necesita una fuente de financiación estable, lo que podría reavivar la discusión sobre modelos de pago por uso. “Si se rompe el acuerdo al que llegamos, de no gravar nuestra actividad con nuevos peajes, el gobierno que sea tendrá que atenerse a las consecuencias, sean las que sean”, advirtió González.
Los transportistas insisten en que el actual modelo de financiación de carreteras debe garantizar el equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica. En su opinión, los costes de mantenimiento deben ser compartidos y no recaer exclusivamente sobre los vehículos pesados.
Además, el sector se enfrenta ya a otros problemas, como el impacto de las restricciones medioambientales en las ciudades, la evolución del precio del diésel y la falta de relevo generacional en el transporte por carretera. Para muchos profesionales, la incertidumbre regulatoria es una de las principales amenazas, ya que las reglas del juego parecen cambiar constantemente, afectando a la planificación a largo plazo.
