La cuenta atrás para la implantación de VeriFactu avanza mientras crece la inquietud entre los pequeños negocios que deberán adaptar su facturación a la normativa impulsada por la Agencia Tributaria.
El nuevo sistema de facturación verificable será obligatorio entre enero y julio de 2026, dependiendo de si el negocio es una sociedad o está regentado por un autónomo-. En cualquier caso, miles de restaurantes y pequeños comercios tendrán que cumplir con una actualización tecnológica que, en algunos casos, podría llegar a costarles hasta 8.000 euros.
Mientras la Administración mantiene los plazos, sectores como la hostelería, el pequeño comercio y las tiendas de alimentación tradicionales denuncian falta de información y ausencia de apoyo institucional para afrontar estos cambios, al tiempo que reclaman mayor flexibilidad por parte de Hacienda.
- Incluso los software más recientes necesitan actualizaciones de 1.500 euros
- La venta al peso y los procesos manuales dificultan la adaptación de las tiendas de alimentación
- Muchos comerciantes todavía no conocen sus nuevas obligaciones
- Autónomos y pymes piden más tiempo y flexibilidad para adaptarse a Verifactu
Incluso algunos programas nuevos necesitan actualizaciones de hasta 1.500 euros
La heterogeneidad de bares y restaurantes que hay en España también se refleja en la variedad de sistemas de caja, TPV y programas contables, lo que explica que no haya dos casos iguales.
En este sentido, el secretario general de Hostelería de España (CEHE), Emilio Gallego, expuso que los negocios que ya utilizan software homologable por la Agencia Tributaria (SIF) afrontan una adaptación “razonable” que puede costar 1.500 euros como “una actualización más, dentro de lo habitual”.
Sin embargo, continuó, la situación “cambia por completo” cuando el restaurante trabaja con un software desarrollado solo para su empresa. Es entonces cuando “el coste se dispara”, con presupuestos que pueden moverse entre los 6.000 y hasta los 8.000 euros.
Para ejemplificarlo, Gallego recurrió a la comparación entre comprar un traje de confección y encargarlo a medida.
Además, recalcó que esta adaptación va más allá de los programas o máquinas antiguas porque “incluso los sistemas comprados durante el último año no venían adaptados y necesitan actualización”.
Con todo, Gallego también se mostró optimista al señalar que “están empezando a aparecer soluciones más asequibles”, y recordó que algunos bancos con los que trabajan muchos autónomos están anunciando que sus herramientas contables o TPV incorporarán VeriFactu sin un coste añadido dentro de las cuotas contratadas.
Por el momento, explicó, no existen datos oficiales por parte de Hacienda sobre cuántas pymes y autónomos han logrado adaptarse, algo que consideró “un motivo más para tomarse tiempo y analizar bien la situación”.
La venta al peso y los procesos manuales dificultan la adaptación de las tiendas de alimentación
La situación se repite en las pescaderías de barrio, donde predominan los negocios familiares. Según estimaciones del sector, la adecuación puede rondar los 5.000 euros por establecimiento, teniendo en cuenta la compra de equipos nuevos, la actualización del software y la formación necesaria para manejarlos.
Desde FEDEPESCA recordaron que la inmensa mayoría de pescaderías trabaja con márgenes reducidos y una digitalización limitada. Para muchas de ellas, un desembolso de este calibre es difícil de asumir con medios propios. Además, la operativa diaria –con pesadas rápidas, precios variables y procesos muy manuales– hace que la integración con sistemas verificables exija renovar maquinaria y cambiar rutinas muy asentadas.
En el caso de las carnicerías, la venta al peso también condiciona su operativa. Fuentes del sector explicaron a este medio que balanzas, cajas registradoras y TPV deben comunicarse con el programa de facturación, pero muchos de estos equipos no permiten actualizaciones y deben sustituirse por completo.
Una realidad similar afrontan numerosas panaderías artesanas, donde la facturación manual o semimanual sigue siendo habitual.
En consecuencia, sus patronales –FEDEPESCA, CEDECARNE y CEOPPAN— se han unido para advertir en un manifiesto conjunto que, «sin ayudas específicas y sin una implantación gradual, la adaptación puede ser inasumible para muchas microempresas».
Los representantes de estos comercios tradicionales subrayaron que en zonas rurales o en establecimientos gestionados por autónomos de mayor edad, el cambio puede resultar especialmente difícil.
Muchos comerciantes todavía no conocen sus nuevas obligaciones
El comercio minorista también duda sobre cómo debe adaptarse a las nuevas exigencias derivadas de la Ley Crea y Crece.
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, recordó que a estas alturas “todavía hay quien no tiene claro si está obligado o no. Sigue habiendo demasiadas dudas y muy poco tiempo”.
Torres subrayó que representa a un colectivo que está formado por negocios muy pequeños, con recursos limitados, y advirtió de que “la capacidad real de adaptación no es la que imagina la Administración”.
Ante la proximidad de los plazos –1 de enero de 2026 para sociedades y 1 de julio para autónomos– el portavoz de los comerciantes vaticinó que “va a ser caótico porque un porcentaje muy alto no está preparado”.
Autónomos y pymes piden más tiempo y flexibilidad para adaptarse a Verifactu
Pescaderos, carniceros, panaderos, hosteleros y comerciantes trasladaron un diagnóstico prácticamente idéntico sobre la implantación de VeriFactu. Sus representantes coincidieron en que falta información clara por parte de la Agencia Tributaria y que el calendario actual deja muy poco margen para que miles de microempresas puedan adaptarse con garantías.
Además de pedir más tiempo, los sectores reclamaron flexibilidad en la aplicación de la norma, ayudas económicas para la adquisición de equipos y programas, acompañamiento técnico durante la transición y un periodo inicial sin sanciones.
Desde la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres defendió que “no se multe al inicio y se envíen recordatorios, no amenazas”.
Las patronales del comercio alimentario también señalaron la necesidad de contemplar exoneraciones para determinados colectivos. En particular, recordaron la experiencia del País Vasco con el sistema TicketBAI, donde los autónomos de más de 60 años quedaron fuera de la obligación por tratarse de un cambio profundo en los procesos cotidianos.
Para todos estos autónomos el precedente vasco demostró que es posible «compatibilizar el control fiscal con criterios de proporcionalidad, equidad y sentido común”.
Como ya propuso la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), panaderos, carniceros y pescaderos piden también una “moratoria general mínima de dos años” para la entrada en vigor de los nuevos software de facturación.
En conjunto, los representantes sectoriales insistieron en que la transición hacia VeriFactu debe hacerse de forma escalonada y con apoyo de las autoridades para cumplir los objetivos de la norma sin poner en riesgo a miles de pequeños negocios y autónomos que sustentan la economía real de nuestro país.
