El 2 de enero de 2025 entró en vigor el Real Decreto 666/2023, una disposición que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España. Concebida para trasponer el Reglamento (UE) 2019/6 y frenar las resistencias antimicrobianas, esta medida ha provocado una respuesta sin precedentes en el sector. Desde clínicas urbanas hasta explotaciones ganaderas, los profesionales advierten que no solo restringe su capacidad para tratar a los animales, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de un colectivo donde los autónomos son fundamentales.
Asociaciones, colegios profesionales y gran parte del gremio se han movilizado contra esta regulación. Desde diciembre de 2024, más de 5.000 veterinarios se han unido a través de la plataforma VetsUnidos para hacer oír sus demandas. Ana García, veterinaria clínica y una de sus portavoces, lamenta en declaraciones a este medio que lo más grave de esta norma, ya de cumplimiento obligatorio, es que “destruye el criterio clínico” de quienes la ejercen.
El fin del criterio clínico de los veterinarios
García, que vive estas dificultades en su rutina, subraya que el principal cambio es la pérdida de autonomía profesional: “No podemos emplear los medicamentos según nuestra experiencia y la ciencia, sino únicamente como indique una ficha técnica o un prospecto”. Si un fármaco no está autorizado específicamente para una patología o especie, su uso se considera “off-label” y está prohibido, a diferencia de Europa, donde se permite como excepción. “Es como si te doliera la cabeza y el ibuprofeno dijera que es para la rodilla: no podría recetártelo”, ilustra.
Esta inflexibilidad también afecta la “cascada de prescripción”. Antes, ante la ausencia de un medicamento veterinario, se recurría a uno humano, explica la portavoz. Ahora, la ley exige buscar alternativas para otras especies o importarlas desde la Unión Europea, lo que complica los tratamientos, eleva sus costes y, según García, resulta “contraproducente” para el objetivo de reducir resistencias antimicrobianas.
La imposibilidad de dispensar tratamientos ajustados agrava el panorama. “Si un animal necesita cuatro pastillas, el dueño debe comprar una caja de 20 o 100. Es un derroche absurdo”, sentencia García.
Los autónomos veterinarios se arriesgan a sufrir multas
El Real Decreto impone registrar todas las prescripciones de antibióticos en el sistema Presvet, lo que, según García, ha duplicado el tiempo por consulta: “Tardo lo mismo en atender al paciente que en gestionar el papeleo”. Esta herramienta, proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, falla con frecuencia: “Hay días que no funciona y conectas al tercer o cuarto intento”, coincide con la denuncia del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) sobre su falta de operatividad en enero de 2025, pese a ser obligatorio desde el día 2.
Aunque el Ministerio ha indicado que, por ahora, no aplicará sanciones, García teme que este periodo de prueba termine antes de que puedan adaptarse. Relata que “compañeros de ganadería, con años usando Presvet, han recibido multas desproporcionadas” por errores como confundir un código o retrasarse un día en la notificación —a veces por fallos del sistema—, cuando el plazo legal es de 15 días. “Son castigos por cuestiones administrativas, no por un uso indebido de medicamentos”, critica.
Una norma española que excede el marco europeo
El Gobierno sostiene que el decreto solo traslada una directriz europea, pero los profesionales lo rebaten. “Nuestros colegas en Europa no sufren esto. El reglamento podía aplicarse directamente con ajustes mínimos, pero aquí se ha distorsionado todo”, asegura García. Mientras Europa sugiere controlar los antibióticos, España exige detallar “hasta un centímetro de pomada”.
La respuesta de los veterinarios: unión y movilización
La frustración ha cohesionado al gremio como nunca. VetsUnidos, con más de 5.000 integrantes, encabeza las protestas junto al Comité de Crisis Vet y asociaciones adheridas a un manifiesto unitario contra el Real Decreto. “No hay un veterinario que lo apruebe”, afirma García. Desde el cierre simbólico del 11 de febrero hasta la concentración del 26 de marzo frente a delegaciones del Gobierno, las acciones no cesan.
El sector exige actualizar fichas técnicas, flexibilizar la cascada de prescripción y reconocer los centros veterinarios como sanitarios. Para García, esta norma es “la gota que colma el vaso” tras años de subidas del IVA y restricciones: “Cumplir la ley y trabajar bien es ahora imposible”.
Sin embargo, el diálogo con el Ministerio de Agricultura sigue ausente. Una cita ofrecida al colectivo de veterinarios fue cancelada sin motivo, según la portavoz de los veterinarios, mientras que el departamento de prensa del organismo público no ha respondió a las consultas de este medio sobre las razonas de esta anulación.
Un sector sostenido por autónomos y pequeñas empresas
La veterinaria española destaca por su alta proporción de autónomos. De los 32.184 afiliados a la Seguridad Social, 10.722 están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y 21.461 en el Régimen General. Aunque el número de autónomos se mantiene estable con ligeras variaciones desde 2016 (10.535 entonces), los asalariados casi se han duplicado desde los 11.858 a los 21.461 actuales.
García subraya la vulnerabilidad de este colectivo: “Somos pequeñas empresas o autónomos; cerrar para manifestarnos nos cuesta, pero no hacer nada y tener que cerrar definitivamente por no poder trabajar es peor”.
Un futuro en juego
Con requisitos legales de difícil cumplimiento, los veterinarios reclaman una regulación que valore su labor. Lejos de proteger la salud animal y pública, el Real Decreto 666/2023 pone en jaque a un sector esencial. Mientras el Gobierno calla, profesionales como García se preguntan: “¿Hasta dónde tendremos que llegar para ser escuchados?”
