La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado el último paso en lo que muchos califican como «chantaje» para aprobar sin el consenso con la patronal toda una reforma del Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada máxima a 37,5 horas semanales. Tras varias semanas de amenazas, Díaz ha decidido iniciar los trámites de manera unilateral para imponer «por vía urgente» esta rebaja sin acuerdo con los empresarios, que van a ser los principales afectados por esta medida.
Como ya avanzó este diario, Yolanda Díaz puso hace unas semanas encima de la mesa de negociación una propuesta a modo de ultimátum: o la patronal aceptaba la rebaja de jornada a cambio de unas ayudas a la digitalización para unos pocos sectores o se aprobaría igualmente la reforma para rebajar la jornada de 40 a 37,5 horas con sus condiciones, y a través de un decreto por vía urgente.
Tal y como se esperaba, la patronal rechazó la propuesta de la ministra de Trabajo, no sólo por el sobrecoste que va a suponer para miles de autónomos y empresas -se estima que en torno a 40.000 millones de euros-, sino porque el camino para rebajar la jornada, como pretende Díaz, no se debería llevar a cabo a través de una «imposición por ley», sino mediante la «negociación colectiva». Y todavía menos con una mesa para negociar una propuesta con las condiciones marcadas de antemano.
La sorpresa ha llegado este jueves, cuando el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey confirmó que no sólo se han iniciado ya los trámites para aprobar esta rebaja de la jornada sin respaldo de la patronal, sino que además 80.000 pequeños negocios y autónomos que, según cálculos del propio Trabajo, iban a recibir unas ayudas a cambio de esta reducción. No es que fuera mucho, habida cuenta de que en España hay cerca de un millón de autónomos con asalariados afectados por esta medida, pero ni a los primeros 80.000 ni al resto se les va a compensar por los costes de la reducción de la jornada en su plantilla. Díaz ha decido castigarles sin tan siquiera una compensación económica.
Trabajo aprobará la jornada sin consenso y sin ayudas para autónomos y pymes
Estas ayudas, que se habían prometido directas, no eran tampoco subvenciones a fondo perdido como tal, sino nuevas líneas de Kit Digital y Kit Consulting para menos de un 7% de los empresarios que van a tener que contratar a nuevos trabajadores para suplir las horas que dejen de trabajar sus empleados.
En cualquier caso, el secretario de Estado avanzó este jueves que ni si quiera se va a ofrecer estas ayudas a los negocios. Según Rey, «no ha sido posible el acuerdo con la patronal», por lo que «el texto cambiará» y decaerán las ayudas.
Fuentes de CEOE consultadas se remitieron al comunicado enviado el 5 de noviembre para explicar las causas por las que han rechazado el acuerdo. Según confirmaron a este diario, «por responsabilidad no podíamos aceptar un cambio así por ley», sin tener en cuenta las diferencias por sectores ni el coste económico para algunos negocios.
Causas por las que CEOE ha rechazado el acuerdo
Concretamente, en este comunicado CEOE y CEPYME, aseguraron que «desde la responsabilidad», no pueden apoyar dicha propuesta. «Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva», aseguraron.
Así, la aprobación de esta norma no hace «sino debilitar el marco de negociación colectiva» que ha sido «fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años». En la práctica, aseguran que esto aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una «reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia».
CEOE y CEPYME quisieron dejar claro también que «difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo».
No habrá periodo transitorio y se aprobará directamente la rebaja a 37,5 horas
Según reconoció el secretario de Estado, la demora en las negociaciones con la patronal, que ahora se van a centrar sólo en el acuerdo con los sindicatos, ya habría provocado que sea «inviable» aprobar una reducción intermedia de jornada a 38,5 horas en 2024.
Por lo tanto, y en su lugar, el Ministerio de Trabajo tendría ahora pensado recurrir directamente a las 37,5 horas previstas, seguramente para finales de 2025. «Vamos directamente a las 37,5 horas en 2025, no hay tiempo material para el paso intermedio«, aseguró Pérez Rey. Según el calendario que barajaba el Ejecutivo, esta reducción de 2,5 horas se produciría a partir del 31 de diciembre de 2025.
Este cambio en la obligación del registro de jornada supondrá reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este deber. Para ello, según los expertos, habría dos posibles cauces: el primero sería mediante Real-Decreto Ley, que suele ser el más rápido, pero que en principio sólo se debería usar en casos de necesidad y urgencia.
Al parecer, esta reforma se va a aprobar por vía de anteproyecto de Ley que, habitualmente, suele tardar entre seis meses y un año en entrar en vigor. Pero al tramitarse por vía de urgencia, según confirmaron distintos expertos consultados, se podrían acortar los plazos considerablemente.
