Los autónomos y pequeños negocios que venden productos o prestan servicios a las Administraciones Públicas podrían ver cómo se descongelan los precios de sus contratos públicos inamovibles desde hace una decena de años, si hay que dar crédito al compromiso de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Prometió recientemente incrementarlos en la misma medida de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que han subido un 58% desde que ella está al frente de Trabajo.
Díaz intervino hace unos días en Málaga en la apertura del 29 Congreso Federal de UGT FICA ‘Ahora Más Industria’ en donde habló de acabar con la Ley de Desindexación de los contratos públicos en España.
“Esa Ley de Desindexación del señor Montoro y de Mariano Rajoy es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado. Relación tóxica. Lo digo alto y claro.”, explicó Díaz en el Congreso de ‘Ahora Más Industria’, celebrado el pasado miércoles.
La citada norma está presente desde 2015. Fue aprobada en un contexto totalmente diferente al actual, y desvinculó los precios de los servicios públicos del Índice de Precios de Consumo (IPC) y de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Esto es algo que, hoy día, perjudica gravemente a los autónomos y pymes que prestan servicios de dependencia, de cuidados, de limpieza, de servicios deportivos, “de un montón de servicios públicos que se están prestando hoy en España”, apuntó la ministra de Trabajo. Mientras que el Gobierno aumenta los costes laborales, los impuestos o suben los precios de las materias primas, los contratos con las Administraciones Públicas están congelados.
“Voy a hacer lo que puedo hacer y es seguir defendiendo públicamente y cumplir con mi compromiso como ministra de Trabajo. Creo que hay que cambiar esta ley. Porque si subimos el Salario Mínimo, obviamente, esto tiene que ser compensado también en los procesos de licitación pública en los que concurra”, reivindicó Díaz.
¿Cómo afectaría la Ley de Desindexación y el SMI a los negocios con contratos públicos?
La Ley de Desindexación de 2015, impulsada durante el gobierno del Partido Popular, tuvo como objetivo principal desvincular la evolución de precios de los contratos públicos de cualquier índice de referencia, incluido el Índice de Precios de Consumo (IPC) y las subidas del Salario Mínimo interprofesional (SMI), que alcanzan ya el 58% en tan sólo cuatro años. Los sucesivos Gobiernos, tanto socialistas como del PP, la mantuvieron pese a los cambios en la economía.
La consecuencia es que, el precio que una empresa pacta al inicio de la relación contractual con una Administración ya sea local, autonómica o estatal, no puede ajustarse automáticamente a los incrementos en factores de coste como los salarios o la inflación.
Esta normativa ha tenido implicaciones profundas en las pymes que prestan servicios a la administración pública, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, como dependencia, cuidados, limpieza y servicios deportivos, entre otros, que ven aumentados sus costes, sin poder hacer nada para evitarlo.
Como ya avanzó este diario, las pymes que operan bajo contratas públicas no pueden renegociar precios para reflejar incrementos en los gastos, como los provocados por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inflación.
Y, además, se les imponen prórrogas que ahogan a estos autónomos que trabajan para la Administración. Esta práctica, diseñada para garantizar la continuidad de servicios esenciales, contribuye a asfixiar económicamente a los contratistas, que tampoco pueden abandonar el contrato sin enfrentar sanciones.
No hay que olvidar que, desde 2018 hasta 2024, el actual Gobierno ha aumentado un 58% el SMI. Este incremento ha repercutido significativamente en los costes laborales de estas empresas, ya que los sectores mencionados suelen contratar a trabajadores con salarios cercanos al SMI.
Además, los negocios que compiten en procesos de licitación pública suelen verse obligados a ofrecer el precio más bajo para obtener los contratos, debido a la prioridad del criterio económico sobre la calidad en muchos pliegos. Esto obliga a los trabajadores por cuenta propia a reducir otros desembolsos, que pueden afectar a los servicios prestados o a las condiciones laborales.
“Porque vais a convenir conmigo que, en una contrata no sólo importa el precio, no sólo importa el precio. Y tienen razón los sindicatos y las empresas, yo estoy de acuerdo con ellas”, aseveró Díaz.
Reformas que propone Díaz para los autónomos con contratos públicos
En sus declaraciones de hace unos días, la ministra de Trabajo planteó algunas modificaciones necesarias para revertir los efectos negativos de esta normativa, impuesta por Montoro y Rajoy, en los negocios que prestan servicios a organismos públicos. “Ustedes me han escuchado desde la primera subida del SMI en el año 20 decir que había que hacer esto”, apuntó Díaz.
Díaz dejó muy claro que cree que esta ley “es un auténtico residuo de la España que ya no es, es la España de los recortes, que continúa a día de hoy por la permanencia de esa ley del año 2015 perjudicando a la calidad de los servicios públicos, perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras de multitud de concesionarias públicas en nuestro país.”
Las ideas centrales de su discurso se circunscribieron a la intención de ajustar los precios de los contratos públicos a los aumentos del SMI -que ha subido un 58% con el Gobierno actual- especialmente en sectores en los que la mano de obra es fundamental, como los servicios de limpieza y de ayuda a domicilio, gestión de comedores en colegios y residencias públicas, vigilancia en edificios municipales o de mantenimiento de infraestructuras, entre otros.
En varias ocasiones, la ministra mencionó también que “en una contrata no importa sólo el precio”, por lo que se podría estar refiriendo a reformar los criterios de adjudicación para que no se basen exclusivamente en lo que cuesten las contrataciones. “A nuestra sociedad y a nuestro gobierno creo que le importa la calidad de los servicios públicos y, desde luego, a mí, me importan las condiciones de trabajo y la gente trabajadora de mi país.”
La segunda del Gobierno insistió además en su compromiso con las patronales y los sindicatos para trabajar conjuntamente en una modificación de la ley que favorezca tanto a las empresas como a los trabajadores, garantizando la sostenibilidad del modelo.
“Hasta ahora, no lo hemos conseguido, pero creo, y esto es lo que voy a hacer, en nombre de mi grupo parlamentario, vamos a modificar esta ley. Luego veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario. Pero vamos a modificar esta ley”, subrayó Díaz.
